Al respecto, también se pronunció la Procuraduría General de la Nación, que solicitó a seis entidades del Guaviare para que en cinco días “informen las acciones adelantadas entre 2019 y 2022, para garantizar los derechos fundamentales de la población infantil de las etnias Jiw y Nukak, víctima de explotación y violencia sexual”.
“El ICBF y la Comisaría de Familia de la capital de Guaviare deberán reportar el número de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de menores pertenecientes a las etnias Jiw y Nukak que se han adelantado en los últimos cuatro años, precisando la medida adoptada y el motivo del restablecimiento en cada caso, incluyendo cifras, población beneficiada e impactada y responsables de las acciones desarrolladas”, expresó el ente de control.
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Incluso, según los casos más graves documentados por las entidades como la Policía y la Personería, se habla del abuso sexual de un militar extranjero a una menor de 10 años cuando estaba en comisión en ese municipio.
“Es una situación muy compleja que escapa de las entidades locales. Esta situación se ha presentado hace muchos años, simplemente que hasta ahora está escalando a nivel nacional gracias a los medios, pero esta problemática sí lleva bastantes años en el departamento”, expresó la funcionaria.
Sobre la situación que se vive en el Guaviare, la personera dijo que niños, principalmente de las comunidades indígenas Jiw y Nukak “se ven por la zona céntrica del puerto y el malecón. Allí sufren de abusos sexuales, de condición de calle, de explotación sexual, de mendicidad y de consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en la inhalación de pegante o bóxer, que les quita el hambre y los desinhibe”.
En lo que respecta al abuso sexual, aseguró que cerca al resguardo indígena de los Jiw está la base militar el Barrancón.
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Para entender un poco por qué suceden estos casos, la vocera del Ministerio Público explicó que el principal factor se debe a la pérdida de su territorio. Según expresa, “de alguna manera esto ha ocasionado que hoy en día estén perdiendo sus costumbres, sus tradiciones y que se esté perdiendo todo el tema alimentario y exista desnutrición, desarraigo y diferentes factores surgidos”.
Incluso, sobre el tratamiento de los niños y adolescentes consumidores de sustancias alucinógenas, señaló que estos menores deben ser trasladados hasta Villavicencio, a cuatro horas de trayecto, debido a que el municipio no tiene centros de rehabilitación; y allí intentar salvarlos del consumo, en varios casos sin éxito.
Por esto, la personera aseguró que esta es una situación tan compleja que ya se escapa a las autoridades locales y, por lo tanto, es necesaria la articulación de las autoridades para actuar en diferentes factores y con diferentes instituciones locales, regionales y nacionales.
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