El Juzgado Tercero de Pequeñas Causas Laborales ordenó dos días de arresto al alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, además de una multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El fallo fue tomado como consecuencia de un desacato por el incumplimiento de una tutela interpuesta el 27 de marzo de 2017.
El abogado Adolfo de Jesús Raad Hernández envió un derecho de petición a Manuel Vicente Duque, en el que solicitó información sobre la inversión de $250.000 millones que en 2014 realizó el entonces alcalde Dionisio Vélez Trujillo y sobre unas denuncias que se habían puesto sobre unos contratos, pero no obtuvo respuestas.
Por lo tanto, Raad Hernández interpuso una acción de tutela contra Manolo Duque por negarse a contestarle el requerimiento. Luego, la tutela fallo a favor del abogado y ordenó a Duque pagar dos días de cárcel, pero tras ser suspendido por la Procuraduría, el incidente recayó sobre Sergio Londoño Zurek.
Qué dice el Distrito
El Distrito afirma que la Secretaría de Infraestructura, si le entregó al abogado la información, pero el peticionario se sintió insatisfecho con la respuesta y señaló que nunca recibió los anexos de las inversiones.
"Infraestructura tiene unos oficios donde dice que están contestando el derecho de petición y además que están anexando la información solicitada", afirmó María García, jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía.
De acuerdo a la orden de arresto y la multa, el Distrito afirma que la principal defensa es el cumplimiento, es entregar de manera inmediata la información que está solicitando el demandante.
Por eso, Santiago Carrasquilla Sotomayor, secretario de Infraestructura,a esta hora estaría respondiendo la información sobre la inversión de los $250.000 millones que en 2014 realizó el entonces alcalde Dionisio Vélez Trujillo, agregó García.
Qué viene ahora
Este expediente subirá a un juzgado laboral de circuito, quien revisará la sanción. Esta instancia de consulta deberá estudiar la orden, teniendo así la oportunidad de verificar el cumplimiento de la entrega de la información y dejar todo saneado y posiblemente revocar la sanción.
"Todos los ciudadanos deben estar tranquilos porque la Administración tiene el deber de cumplir y siempre se hizo. Lo único que puede suceder es que el peticionario no se sienta satisfecho y el juez no haya encontrado evidencia de la entrega de la información que Infraestructura dice haberle entregado", informó María García.
