El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, puso la alarma definitiva sobre la crisis por cultivos ilícitos, al dirigir al ministro de Justicia, Jorge Londoño, una carta en la que pidió una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes (en efecto, citada) para considerar la conveniencia de reanudar la aspersión aérea.
El pedido del fiscal, además de reabrir el debate sobre si es necesario retomar ese mecanismo, dejó una conclusión clara: se haga o no aspersión aérea, es necesario tomar medidas ante el aumento desmedido de hectáreas de cultivos ilícitos en el país.
Según las mediciones del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), en el país hay al menos 96.000 hectáreas sembradas con arbustos de coca, incremento equivalente al 39 %, con respecto al 2014, cuando fueron detectadas 69.000 hectáreas, número que también había crecido, comparado con 2013, cuando se detectaron 48.189 hectáreas.
Para Martínez este aumento de los cultivos es una "amenaza efectiva para la paz en el territorio", pues los principales departamentos afectados han sido Cauca, Caquetá, Nariño, Putumayo.
Las cifras son tan alarmantes que la oficina de Política Nacional para el control de Drogas de EE. UU. ha llegado a considerar que el número de hectáreas afectadas por los cultivos de coca es similar al de hace quince años, cuando inició el Plan Colombia, cuyo objetivo era, justamente, luchar contra el narcotráfico desde su origen.
El registro histórico del reporte del Simci indica que el número de hectáreas sembradas es cercano al del 2007, cuando el país reportaba 99.000 hectáreas.
Según el fiscal general, uno de los principales motivos del repunte de la cifra de cultivo de coca es que la erradicación manual no ha podido ejecutarse con éxito en el 2015 ya que solo se intervinieron 14.267 hectáreas.
“La erradicación manual es un verdadero fracaso, lo que se está erradicando en Colombia es sustancialmente menor, no son más de 12 mil hectáreas y la información existente habla de más de cien mil hectáreas en este momento en el país, por eso tenemos que intervenir y es una preocupación que le he expresado al señor Presidente de la República”, explico Martínez.
Para John Marulanda, consultor internacional en Seguridad y Defensa, es urgente que el Gobierno retome la técnica de aspersión aérea, porque de otra forma, considera, "seguiremos aumentando la cantidad de cultivos, debido a que la erradicación va a paso de tortuga y el aumento en forma exponencial".
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, informó que entre el primero de enero y el 28 de agosto de este año se han erradicado 12.779 hectáreas de coca, y aseguró que esperan erradicar 20.000 hectáreas de cultivos de en lo corrido del año, subiendo la meta establecida a inicio de 2016, la cual era de 16.000 hectáreas. Sin embargo, contrastadas estas cifras con el número de hectáreas actual, parece que el esfuerzo es insuficiente.
"Con los números que se están manejando en erradicación actualmente no se puede combatir la gran cantidad de dinero que está entrando y refortaleciendo a las bandas criminales y al ELN, incluso empezó a surgir de nuevo el EPL y algunos frentes de las FARC siguen dedicados al narcotráfico en la frontera entre Ecuador y Colombia", explicó Marulanda.
La aspersión aérea con glifosato fue suspendida en octubre del año pasado, por un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que calificó esa sustancia como “probablemente cancerígeno para los humanos”.
Expertos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional trabajaron con diferentes sustancias que cumplieran con las condiciones de organismos de salud, siendo el glufosinato de amonio el herbicida que mejor se adaptó a las pruebas.
Este herbicida es comercializado en más de 80 países sin restricción alguna, pues se usa para controlar el crecimiento de malezas en las hojas de cultivos lícitos en su etapa temprana de crecimiento, y en cultivos ilícitos como la coca mata a las plantas debido a la acumulación de amoníaco y por el momento no hay ningún estudio que indique efectos cancerígenos, condición que llevó a prohibir la aspersión del glifosato.
El profesor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, comentó que retomar la aspersión es una de las tantas opciones que se puede tomar para ayudar a disminuir las cifras de plantaciones ilícitas, pues hay otras opciones en las que ya se trabajan como la sustitución.
"Esa es una decisión que no se puede resolver en blanco y negro, no se puede generalizar; primero se tiene que garantizar que el nuevo herbicida que se está pensado usar no produzca daños ni en la naturaleza ni en los seres humanos, además de analizar qué tipo de cultivos se va a atacar, si pequeñas plantaciones de coca ocultas entre cultivos de pan coger", señaló Vargas.
En cuanto a la efectividad de la aspersión aérea, Marulanda fue contundente. Aseguró que mediante esa técnica se llegaron a erradicar hasta 70 mil hectáreas en un año, mientras que las cifras que van en lo corrido de este hace ver la ineficacia de la erradicación manual. "Con aspersión aérea podría duplicarse o triplicarse la erradicación de cultivos", dijo.
Mientras tanto Vargas consideró que probablemente la erradicación manual y la sustitución tendrán mejores resultados de ahora en adelante: "una cosa era hacer esos procesos con las FARC hostigando a los erradicadores y ahora cómo será con unas FARC cooperando".
Sustitución por cultivos legales, la otra apuesta
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, explicó que con miras a reducir las cifras de cultivos ilícitos creó la Agencia de Renovación del Territorio, que es distinta a la Agencia Nacional de Tierras, con la cual se buscará dar a los campesinos que están dedicados a cultivos ilícitos una alternativa viable y duradera en el tiempo, para que miren hacia cultivos lícitos.
"Hoy el 70 % o el 80 % de los sembrados de hoja de coca están en los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca y Norte de Santander. En esos municipios vamos a centralizar nuestro mayor esfuerzo, combinando la acción represiva y el apoyo institucional, para que de manera voluntaria los campesinos encuentren otra alternativa de vida", explicó Iragorri, quien resaltó que gracias a este tipo de iniciativas en departamentos como Santander ya no hay ni una sola hectárea de cultivos ilícitos pues en su gran mayoría fueron sustituidos por caucho y cacao.
Sin embargo, Marulanda sostiene que lo que estipulan los acuerdos de La Habana sobre erradicación, sustitución acompañados de la mano del campesino, no funciona pues ya quedó demostrado en proyectos que se trataron de hacer en años anteriores.
"Los planes de sustitución son inefectivos, primero porque el campesino no gana la misma cantidad de dinero en cierta cantidad de tiempo, si lo compara con los cultivos tradicionales, con los cuales, además, tendrían problemas para comercializarlos, pues no tiene vías para hacerlo", argumentó el especialista de seguridad.
Por su parte el profesor Vargas cree que los programas de sustitución son una opción válida y que sería un error afirmar que han sido un fracaso. Dice que debido a fallas en la implementación no se han obtenido mejores resultados.
"Estos programas no han sido consistentes ni serios en el pasado, los campesinos de San José del Guaviare nos decían que efectivamente había programas de sustitución en los que llegaban a orientar durante seis meses, pero después los funcionarios del Estado nunca volvían. Tienen que ser programas serios por cinco a diez años, por lo menos".
Marulanda concluyó que además de la aspersión aérea la mejor manera para seguir combatiendo la producción y tráfico de drogas es seguir combatiendo como se ha venido haciendo las redes de mercadeo de narcotráfico.
Datos del Ministerio de Defensa indican que, al 1 de septiembre de este año, en el país se han decomisado 230 toneladas de cocaína, 30 % más que en el mismo lapso de 2015. Según el ministro Villegas, dichas incautaciones evitaron que las organizaciones criminales recibieran más de 7500 millones de dólares, lo que indica que en ese aspecto se va por buen camino.
Entre tanto el director del Centro de Pensamiento sostuvo que la situación de los cultivos ilícitos en el país va más allá de algunas propuestas que pueden ser mediáticas, pero que no contribuyen de todo a solucionar un problema que no tiene fronteras.
"El tema de la coca se tiene que ver por toda la región Andina, toda la coca se produce en Bolivia, Perú y Colombia, si en uno de esos países la producción baja, en el otro sube, porque lo que hay que analizar es que es un producto con una demanda estable de 20 millones de consumidores", sentenció Vargas.
Bogotá | Colprensa
