“Les ofrecían trabajo para luego secuestrarlos, uniformarlos, masacrarlos y presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate o paramilitares. Es un fraude gigantesco. Eso, ¿qué tiene que ver con el conflicto?”.

La pregunta se la hace el abogado Luis Guillermo Pérez, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, representante de las Madres de Soacha, una unidad de mujeres que un día no volvieron a ver a sus hijos y que meses más tarde a su desaparición supieron que los habían ejecutado extrajudicialmente.

Hace nueve años descubrieron esa horrible verdad, que deja una cifra estimada de 5763 víctimas entre el 2000 y el 2010, de acuerdo con la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Esta semana iniciaron una conmemoración en nombre de estas víctimas, que busca recordar los denominados ‘falsos positivos’ y pedir que sus casos no pasen a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Una de sus voceras más representativas, Luz Marina Bernal, asegura que este homenaje debe hacerse ahora que han visto cómo jueces de la República, supuestamente, estarían aplazando audiencias de imputación de cargos o suspendiendo procesos mientras entra en vigencia la JEP.

“Vimos importante recordarle al país que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales queremos exigir que los militares no reciban los beneficios de la JEP. Creo que se habló de que no habrá impunidad y, lamentablemente, vemos que las dilaciones jugaron un papel fundamental. Ni el 3 % han sido condenados”, dice.

Bernal tiene en su cuello una foto de su hijo, Fair Leonardo Porras, un joven de 26 años, con edad mental de 8, que se convirtió en uno de los casos emblemáticos de las ejecuciones extrajudiciales, cuyo crimen fue declarado como de lesa humanidad por el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia.

“Son nueve años desde que se descubre una política sistemática, con el mismo modus operandi, a lo largo y ancho del país, donde se desaparecieron jóvenes inocentes que fueron engañados por propuestas de trabajo y ejecutados a 20 horas de distancia de sus casas”, agrega.

Para los familiares de las víctimas, se trató de unas ejecuciones que se hicieron para “recibir permisos, cartas de felicitaciones, medallas, ascensos y remuneraciones económicas” y, por eso, temen que la JEP se convierta en un escenario de impunidad, pues su petición es que los militares involucrados digan la verdad y denuncien a los altos mandos que pudieron tener conocimiento de lo que sucedía.

El abogado Pérez señaló que en el Acuerdo de Paz se pactaron como centro los derechos de las víctimas, que son irrenunciables, y considera que la JEP debe definir que estos casos no son de su competencia para que sigan en la justicia ordinaria.

“No se pueden beneficiar de la JEP porque estos militares no atacaron combatientes, ni milicianos, fueron muchachos que buscaban trabajo o en condiciones de discapacidad. Los derechos de las víctimas son irrenunciables y se está favoreciendo a militares”, señaló en referencia a los decretos que permiten, por ejemplo, levantar órdenes de captura vigentes.

El abogado cuestionó la ausencia de participación de las víctimas en la estructuración del proyecto de ley que reglamenta la JEP y cuestionó que miles de casos de lesa humanidad puedan si quiera llegar a este sistema, cuando no tendrá el tamaño investigativo que tiene actualmente la Fiscalía General.

“La JEP va a conocer sino casos muy emblemáticos y frente a los demás, ¿no hay justicia? El Estado tiene que impartir justicia. Hubo una política sistemática y no hay prescripción ni amnistía ni renuncia a la percusión penal y, por lo tanto, la fiscalía y los jueces deben administrar justicia”, añadió.

Para Pérez, los militares mienten cuando dicen que acudirán a la JEP a demostrar su inocencia. “Están aspirando a que la JEP sea una piñata de impunidad y por eso no asumen su responsabilidad”.

Un homenaje

Este jueves, en asocio con el Centro Nacional de Memoria Histórica, se hará una acción simbólica en donde varias personas se sembrarán en tierra, con una planta, para hacer una catarsis colectiva de las huellas de la guerra en los cuerpos de las personas.

El homenaje busca resarcir a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en general y aquellos jóvenes víctimas de estos ‘falsos positivos’ que tenían discapacidades, así como a las víctimas de desaparición forzada.