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Juez ordenó cierre inmediato de Universidad Indígena en Montería

La institución está ofertando programas a unos 700 estudiantes, sin el lleno de los requisitos legales para tal fin.

Un juez de control de garantías ordenó el cierre inmediato de la Universidad Indígena e Intercultural de Colombia que funciona en Montería, razón por la cual las autoridades de Policía vigilarán el centro educativo para impedir el acceso al mismo.

La determinación la tomó el representante judicial en el marco de una audiencia en la que se discutió el futuro de la institución que está ofertando programas a cerca de 700 estudiantes, sin el lleno de los requisitos legales para tal fin.

Explicó el funcionario que el cierre es temporal hasta tanto el Ministerio de Educación Nacional diga lo contrario o en su defecto hasta que termine el juicio y se conozca la sentencia condenatoria. Sin embargo, fue el mismo Ministerio el primero en pedir el cierre de la Unicjao.

La medida fue apelada por la defensa de los directivos de la universidad y el juez dio traslado a la segunda instancia, pero de carácter devolutivo, es decir, el cierre del establecimiento es inmediato y permanecerá custodiado por agentes de la Policía Nacional.

Sigue la pugna

Pese a que los directivos de la Universidad Indígena han insistido en que las comunidades indígenas cuentan con una jurisdicción especial para crear centros de educación, el Ministerio reitera que no cumple con los requisitos para la creación de una institución educativa superior, ni con los registros calificados para ofrecer programas.

En la misma están matriculados estudiantes en Medicina, Psicología, Derecho y Trabajo Social, los cuales pagaban matrículas que oscilan entre un millón y un millón y medio por semestre, pero los programas no tienen el permiso correspondiente del Ministerio, lo cual significa que los títulos no tendrán ninguna validez.

Como se recordará a Elías José Villalba, rector y presidente de la junta directiva, también se le adelantó una audiencia a finales del mes pasado en la que se le advirtió que no podía seguir ejerciendo esas funciones, ni acercarse al establecimiento educativo.

Ahora los alumnos tendrán que adelantar el proceso judicial por estafa para solicitar la devolución de los dineros cancelados. Sin embargo, hay muchos de ellos que estaban a punto de culminar sus carreras y nadie les podrá devolver el tiempo, esfuerzo y sacrificio que dedicaron para estudiarla.

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Colprensa
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Sábado, 22 de Abril de 2017
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