El colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le solicitó a la Corte Constitucional que desclasifique los archivos de Inteligencia Militar y que haga una audiencia pública sobre la participación de los derechos de las víctimas, en el marco del estudio automático del decreto que creó la Comisión de la Verdad.
En concepto enviado a la Corte, la organización de derechos humanos consideró que la audiencia es necesaria para escuchar a diversas entidades, víctimas y ciudadanos sobre el Decreto 588 de 2017 y, además, piden que se exhorte al Gobierno a garantizar la participación de las víctimas de todas las normas relacionadas con el proceso de paz vía decreto.
El Colectivo pide condicionar y tumbar algunas de las disposiciones del Decreto que versan sobre el acceso a información de Inteligencia con carácter reservado y que involucren la verdad sobre graves violaciones a los Derechos Humanos y al régimen del Derecho Internacional Humanitario.
“(…) no se puede considerar que toda la información que reposa en documentos de Inteligencia y Contrainteligencia debe estar sujeta a reserva legal, sino que la reserva de un documento, inclusive aquellos de Inteligencia y Contrainteligencia, debe evaluarse caso a caso según los parámetros establecidos por la Corte Constitucional”, dice el concepto.
Para el Colectivo es inconstitucional y contradice el espíritu del Acuerdo Final con las Farc que se le prohíba a la Comisión de la Verdad “la reproducción de forma mecánica o virtual de absolutamente todos los documentos de Inteligencia y Contrainteligencia, pues dicha reserva sólo puede predicarse sobre aquellos documentos que expresamente gozan de reserva según los parámetros establecidos por la Corte Constitucional”.
En ese sentido, consideran que la reserva de documentos que utilice la Comisión hasta por 30 años “no puede impedir el derecho individual y colectivo a conocer la verdad de los crímenes más graves en el marco del mandato” de la Comisión
“Como organización que fue víctima de la persecución de los organismos de Inteligencia del Estado bajo ataques que constituyeron violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos, estamos en el derecho y deber de exigir que la CEV tenga plenas facultades para aclarar el fenómeno de asesinato y persecución de defensores de derechos humanos en Colombia, entre las muchas violaciones a los derechos humanos de los que pueden dar cuenta los archivos oficiales”, dice el concepto.
“La única manera de garantizar el cumplimiento de buena fe de lo dispuesto en el Acuerdo Final de paz sobre la necesidad de esclarecer la verdad de las más graves violaciones a los derechos humanos, es que se le permita a la CEV la publicación de la información sujeta a reserva, incluso de organismos de seguridad”.
