Solo en lo que va del año han sido incautados bienes provenientes de testaferros de las Farc por 1.7 billones de pesos. Así lo reveló el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ese martes ante la Corte Constitucional durante la audiencia pública sobre el futuro de los bienes de esa guerrilla.

Aunque no quiso revelar el monto total de los bienes identificados a las Farc, Martínez señaló que la extinción del derecho del dominio es el único mecanismo jurídico que permitiría sanear los bienes de las Farc, declarados por esa propia guerrilla, para que posteriormente se pueda con ellos reparar a las víctimas del conflicto.

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Esta posición la comparte el procurador general, Fernando Carrillo, y es el eje de la discusión que adelanta la Corte Constitucional que actualmente estudia el futuro del decreto 903 de 2017, que fija una serie de disposiciones sobre el futuro de los bienes de las Farc creando, entre otros, un fondo fiducia para su manejo.

La polémica se origina en que el decreto establece que los bienes declarados por la guerrilla pasarán a ser patrimonio autónomo, que serán bienes colectivos, y que no se podrá hacer ninguna acción, como la extinción de dominio sobre ellos. 

El decreto señala además que con los bienes declarados se contribuirá a la reparación a las víctimas y se podrá financiar la “implementación de los programas contemplados en el punto 3.2.2 del Acuerdo Final”.

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En la audiencia pública quedó en claro que hay varias interpretaciones sobre si se debe hacer o no extinción de dominio para hacer la “legalización” de esos bienes, y sobre qué cosas realmente financiará. Esto, porque para las Farc, se incluye una serie de programas sociales sobre su reincorporación política a la sociedad, mientras que para los organismos de control, no pueden destinarse esos recursos para nada más que las víctimas.

¿Extinción de dominio para todos los bienes?

De acuerdo con el fiscal Martínez, la Corte debe condicionar el decreto para que el inventario de bienes quede en manos de la Fiscalía para que pueda judicializarlo, y luego sí entregarlos a la Nación y, solo así, pasar a ser patrimonio autónomo.

“La subsanación de la ilicitud de los bienes que conformen el Fondo de Víctimas por el solo hecho de su ingreso a la fiducia desconoce la Constitución”, dijo el Fiscal al agregar que la Corte también debe tumbar la posibilidad de que las Farc hagan parte de la administración del fondo que manejará los bienes, porque en la Constitución se prohíbe que las personas se “beneficien se su propio dolo”.

Para el Procurador Carrillo, la sola entrega del inventario por parte de las Farc al gobierno ya está creando una especie de extinción de dominio, “concertada políticamente bajo el principio de la buena fe entre las Partes”, con el fin de reparar a las víctimas. Esto, porque se trata de bienes conseguidos en el marco del conflicto.

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“La conformación del inventario y entrega de bienes de las Farc necesariamente implica una extinción de dominio sui generis, pues este es el único medio para que el Estado pueda legítimamente recibir los bienes provenientes del delito y utilizarlos para una finalidad constitucionalmente imperiosa como lo es la reparación de las víctimas”, dijo Carrillo.

Para el Procurador, sostener que no es una extinción de dominio, “sería tanto como considerar que existió una donación o una asociación del grupo guerrillero con el Estado para la conformación de un patrimonio autónomo que, en estas condiciones estaría viciado por la ilegitimidad”.

Ante la discusión, Carrillo y Martínez indicaron que el nuevo código de extinción de dominio permitiría hacer una entrega voluntaria de bienes con fines de extinción, de manera concertada. Y, aunque el Gobierno pidió a la Corte que deje el decreto tal y como está, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, compartió la posibilidad de aplicar ese nuevo código.

“La entrega de los bienes al fiscal es crucial para que este proceso tenga legitimidad. No son bienes de poca monta, no creo que se trate de pocos recursos. El decreto es un poco impreciso, estos bienes son del patrimonio público, hay que devolverlo al Estado. Cinco décadas de guerra no se financian vendiendo pulseritas, sino con recursos fuertes”, señaló Carrillo.

En la audiencia, a petición de la Corte, el exfiscal General Eduardo Montealegre señaló que sería posible igualmente acudir a la figura del comiso para resolver esta problemática. En todo caso, esto implicaría que la Corte condicione el decreto en la decisión definitiva.

Problemas con el inventario

Aunque el inventario de bienes ya se entregó el Procurador Carrillo señaló que si se llegara a advertir una mala confirmación del mismo, se debe poder permitir que las personas afectadas puedan contar con medios para reclamar alguno de esos bienes incluidos sin consideraran que no deben estar ahí.

Por otro lado, el Procurador estimó que no se podría hacer ninguna acción judicial frente a bienes de las Farc que tienen en marcha procesos de reparación o de restitución de tierras, pues sería un derecho ya adquiridos.

Por otro lado, el Fiscal Martínez indicó que tiene denuncias sobre que, si bien las Farc ya están devolviendo tierras desposeídas a los verdaderos dueños, esa devolución se estaría haciendo con acuerdos “para generar rentas extendidas en el tiempo e, inclusive, la generación y convenio de derechos de recompra de esos bienes”.

“Si esto es así, esas rentas son activos y tienen que formar parte del inventario”, dijo Martínez, mirando a Jairo Estrada, integrante de Voces de Paz.

Esto, porque en la audiencia hubo una controversia entre ambos sobre el inventario ya que Estrada aseguró que este listado de bienes será apenas una contribución para la reparación de los derechos de las víctimas y que no será tan grande ni oneroso, como se cree popularmente.

“Es absurdo pensar que con estos recursos se van a financiar los derechos de las víctimas, lo que aquí se puede financiar es una parte minúscula. Con este fondo no se va resolver lo que el Estado no ha sido capaz de resolver. Es apenas una contribución”, dijo Estrada al pedir que el inventario se haga de manera estricta, porque tras pactar el fin del conflicto, la guerrilla ha gastado sus recursos para su funcionamiento.

¿Bienes para financiar programas en favor de las Farc?

Otro punto polémico sobre este decreto tiene que ver con qué se financiará con esos bienes, además de la reparación a las víctimas, pues se creyó que también involucraba al Centro de Pensamiento de las Farc y el partido político que surgirá tras la desmovilización.

El Ministro de Justicia enfatizó en que esto no está contemplado y el Procurador Carrillo señaló que no se puede con ellos financiar tampoco la subsistencia de los desmovilizados. En todo caso, Carrillo Flórez estimó que sí se podría utilizar para la reincorporación de los guerrilleros que fueron reclutados siendo menores de edad, pues el Acuerdo los considera víctimas.

Estrada señaló que el decreto no busca financiar ni el partido, ni la renta básica para los desmovilizados, ni los proyectos productivos para las Farc, porque para eso ya hay recursos asignados, sí se utilizarían para algunos planes sociales.

“Es solo para planes y programas de carácter social, que se derivan de un censo, sobre el cual todavía no hay un ejercicio de presupuestación”, dijo Estrada.

“Es compatible con la restitución”

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, señaló que el decreto no afecta los derechos de las víctimas y que la restitución no se negoció en La Habana. Señaló que se han devuelto 4.275 predios con la restitución y que se han recibido 105.000 reclamos por la Ley de Víctimas.

“No tienen ningún problema, ya funcionamos, la Ley de Víctimas nos da la fuerza normativa para traer todo predio que sea solicitado en restitución y que esté en otras instancias, al proceso restitutivo, y que sea allí donde se defina si el predio se devuelve o no. El decreto no afecta derechos de terceros y se armoniza al proceso restitutivo”, señaló.