El sindicato del Inpec anunció que desde este jueves no dejará ingresar a un preso más en ningún penal del país, tras adelantar una protesta de 73 días, en la que piden ampliar la planta de personal de la Guardia Penitenciaria y por el estado de hacinamiento de las URI.

El directivo de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Horacio Bustamante, indicó que se va a radicalizar el Plan Reglamento puesto que se necesitan al menos 4.000 nuevos guardianes y porque se habrían incumplido compromisos pactados en la protesta de 2015.

La protesta incluye no recibir más internos ni hacer traslados a despachos judiciales. Solo se harían traslados para citas médicas de los internos.

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, indicó que el Gobierno sí ha cumplido y anunció que en días pasados “se logró precisamente una implementación de 70 mil millones de pesos de una adición presupuestal, que permite la creación de más de mil plazas que llegan a consolidar la planta de personal del Inpec”.

“Realmente el paro del Inpec ya se debe levantar, se está teniendo una reunión con el Ministerio de Hacienda para que en un plazo de dos o tres años empiece a darse un incremento progresivo de la planta de personal, tal como fue acordado en un pacto de 2015”, dijo Gil Botero.

El ministro Gil señaló que la conducta del sindicato estaría contribuyendo a violar los Derechos Humanos y que podría rozar el ámbito penal, por lo que la Procuraduría y la Fiscalía deberían investigar.

“Hay que llamar a la buena voluntad y a la razonabilidad del sindicato del Inpec, porque se ha tenido un diálogo franco y sí el Gobierno cumple el sindicato debe cumplir. No se puede tomar precisamente una actitud extorsiva, los custodios no pueden volverse igualmente delincuentes extorsionando al Estado porque el Estado está cumpliendo”, agregó Gil Botero.