Recuerdo perfectamente el día que el expresidente Julio César Turbay Ayala pronunció la frase según la cual “hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”.
Difícil determinar, entonces y ahora, la sinceridad de sus palabras, lo que sí es fácil entender es que lo que sucedía entonces es un pálido reflejo de lo de ahora, que, primero, lo inició la nueva izquierda cuando se instaló en Bogotá, tal como quedó retratada en el libro “El cartel de la contratación. La historia no revelada”, del cucuteño Felipe Romero Madriñán, sobre el saqueo al Distrito Capital por parte de contratistas y la clase política.
Pero nadie se imaginó que lo que estaba circunscrito a Bogotá se extendiera desaforada y nacionalmente, porque el presupuesto billonario para las vías 4G y el de otras entidades del Estado es atractivo para cualquier ímprobo. Desde luego que un presidente de la República puede tener muy buenas intenciones pero sus compromisos con “amigos” insaciables son de una magnitud inconmensurable.
Baste con citar los intereses presidenciales en sacar su posconflicto adelante, lo cual implica ceder en muchas cosas para que le aprueben actos legislativos, leyes de la República, ley habilitante para legislar por decreto, aprobación del fast track que ahora quieren extenderlo a todo trámite legislativo, el “misterioso y omnipotente tribunal de paz” que todavía es una incógnita y tiene erizado a buena parte de los colombianos y la desvinculación exprés e indecorosa en el Congreso de la República del magistrado Pretelt -independientemente de si es responsable o no, porque aún no lo sabemos. Se sabrá con sentencia judicial debidamente ejecutoriada-.
¿En qué terminó todo esto? En los escándalos de corrupción que hemos visto en los últimos días. La ejecución del Presupuesto Nacional se dispone en Bogotá a través del Ministerio de Hacienda, previa aquiescencia de la Presidencia de la República,
y mayormente cuando ese presupuesto es billonario y hay que distribuirlo para tener contentos a los amigos políticos. A semejanza de Chile “en este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa”, decía Augusto Pinochet.
El decreto anticorrupción del pasado 23 de enero, la sorpresiva reforma política del ministro Cristo y algunas acciones de la Fiscalía General sobre otros procesos a su cargo no son más que cortinas de humo para tapar casos alarmantes como Odebrecht.
De todas maneras parece que las relaciones entre el presidente Santos y el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira están frías, pero hay que entender que el escándalo Odebrecht, por ejemplo, no es solo nacional sino internacional y difícilmente se podría ocultar gran parte del aspecto probatorio, porque buena parte de él viene del exterior. Hay presión de los norteamericanos porque se usaron sus dólares y su sistema financiero.
Bien, la meta de un presidente de la República no debe ser “reducir la corrupción a sus justas proporciones”, sino eliminarla.
