El presidente Juan Manuel Santos -quien, hasta donde sabemos, fue un excelente periodista- ha formulado atrevido reproche a los medios de comunicación porque difunden o transmiten, según él, una visión negativa y pesimista de la sociedad colombiana y de la situación actual del país.
Igualmente, ha hecho un peligroso llamado a los empresarios -que son los anunciantes- para que manipulen o acomoden las informaciones y el contenido de lo que transmiten o registran los medios y hagan que se proyecte una imagen optimista de lo que pasa. “Llamen ustedes a los dueños de los medios para influenciar en los contenidos, para que al final el producto de los medios sea de optimismo y de confianza” (subrayo), señaló el jefe del Estado. Unas palabras que no parecen salidas de la boca de un demócrata, además periodista.
Este es un ataque inconcebible e inexplicable del Gobierno a los medios y a la libertad de prensa. Y una sugerencia perversa a los empresarios que ellos -según lo hemos escuchado de varios- ya han manifestado que no aceptan. Y que les parece, como a los medios, irrespetuosa y deplorable.
Con ese llamado resultan vulnerados los derechos fundamentales garantizados en el artículo 20 de la Constitución: la libertad de expresión y el derecho a la información. Y la libertad de los medios, también garantizada en el precepto superior, sin perjuicio de su responsabilidad social. Y, sobre todo, se viola el derecho fundamental allí reconocido a todas las personas: el derecho a recibir información veraz e imparcial.
Por otro lado, como lo dije en LA VOZ DEL DERECHO, quienes estamos en los medios de comunicación no le podemos mentir al público, ni ocultarle la verdad. Es inmoral que lo sugiera el presidente. Y así como transmitimos lo bueno, optimista y positivo, estamos en la obligación, tenemos el derecho y cumplimos la función de entregar, de manera objetiva y veraz -sin amarillismo ni exageraciones-, lo que ocurre a diario en todos los frentes. Lo que pasa con la economía, con la política, con las relaciones internacionales, con la problemática social, con el orden público, con las regiones, con la corrupción, con el crimen, con la seguridad, con los servicios públicos, con la salud, con la educación, con la actividad o las omisiones del gobierno y de las autoridades, con las decisiones de los tribunales. Ello corresponde a la libertad de prensa y comunicación que garantizan la Carta Política y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.
Como lo sabe -o lo debería saber Santos-, todo cuanto implique verificación previa de contenidos, y lo que signifique siquiera mínima sugerencia de silencio o tergiversación de informaciones, o –peor aún- “chantaje” por la vía de pauta o publicidad, es inaceptable forma de censura, prohibida de modo terminante en la Constitución.
El papel de los medios consiste en informar, y en servir de canales aptos para la libertad de expresión, para la crítica respetuosa y para el control ciudadano. Su tarea no consiste, ni puede el Estado permitir u ocasionar que así suceda, en engañar o en callar u ocultar realidades.
Ya se está pareciendo Santos a Maduro, a Cristina y a Correa. Y está muy equivocado. ¿Qué le pasa?
