El ejercicio del poder, en la función que sea, impone responsabilidades que guardan relación con la sociedad en general. Por eso, quienes acceden a tales desempeños asumen el compromiso de acertar en sus actos.

Sus decisiones o la conducta con que obren tienen efectos generalizados. Lo cual debe tomarse en cuenta sin sesgo alguno.

Pero en Colombia hay demasiadas ligerezas entre quienes tienen el manejo de los asuntos públicos.

Son alarmantes los indicadores sobre las faltas en que incurren los servidores públicos, casi siempre con intención dañina.

Bajo la presión del interés particular se hace todo lo contrario de lo estipulado en el ordenamiento legal de la nación.

La desfachatez, el cinismo, la falta de pudor, generan una abundante corriente de desatinos cada vez más frecuentes. Es lo que se ve a diario en las entidades oficiales de cualquier nivel.

La permisividad a esas prácticas pareciera no tener límites.

Es como si a nadie le importara el daño que provocan y que se traduce en atraso colectivo, que es la agudización de problemas agobiantes en el conjunto de la comunidad.

Los descarrilamientos en entidades del Estado que son motores indispensables para mover el país tienen frecuente repetición.

Allí están, entre los más recientes, los casos patéticos del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt y del defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora.

Uno y otro son sujetos de escándalos.

Cayeron en el más bajo nivel de la arbitrariedad, según la relación que se ha hecho de sus atropellos y de los aprovechamientos dolosos de la autoridad que les fue dada.

En el pasado el país también padeció  la reprochable conducta de otros servidores públicos proclives al abuso de poder. Las ´chuzadas´, los falsos positivos, la yidispolítica, los carruseles de las contrataciones como fuentes de enriquecimiento ilícito, el punible ayuntamiento entre miembros de la fuerza pública, políticos y paramilitares, la complacencia con el robo de los recursos públicos, la complicidad con toda suerte de ilícitos, están en el listado del mal gobierno que ha tenido Colombia y por lo cual se ha fomentado la pobreza hasta niveles extremos y se ha impuesto la violencia como fuerza dominante.

La corrupción ha permeado todas las instancias de Colombia, incluidas, la justicia, las iglesias, las universidades oficiales en las regiones que se convirtieron en haciendas de patrones con vicios feudales y hasta mafiosos y los partidos políticos. Lo que pasa en las altas cortes es reflejo de la grave crisis institucional. Todo pareciera reducirse a imposiciones caprichosas y al utilitarismo voraz de quienes tienen el control de ciertos privilegios. En ese papel de dueños del poder se burlan de la legalidad o la interpretan según sus conveniencias. Es el protagonismo pernicioso impuesto bajo intimidación.

Con semejantes parámetros negativos se contradicen las posibilidades de poner al país en el rumbo que lleve a la paz y a la democracia.

Puntada

La actitud retrechera del Eln respecto a las negociaciones de paz con el Gobierno margina a ese grupo de la corriente histórica que está en curso y  pone en riesgo su propia supervivencia.