Con sencillas palabras, sin ninguna rimbombancia y sobre todo, con ánimo transparente y precisión afirmativa, el Gobierno de Colombia presidido por Juan Manuel Santos y las Farc-EP, comandadas por Timoleón Jiménez (´Timochenko´) suscribieron el documento para darle cuenta al mundo del acuerdo a que llegaron para ponerle fin al conflicto armado en que han estado involucrados durante más de medio siglo.

Con la fecha del 24 de agosto de 2016, desde La Habana (Cuba) la declaración se inicia con este párrafo: “Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las Farc-EP anunciamos que hemos llegado a un Acuerdo Final, integral y definitivo, sobre la totalidad de los puntos de la Agenda del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia”. La misma Declaración se apoya en el artículo 22 de la Constitución que “impone la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Ese histórico paso se dio por encima de los opositores al proceso, quienes se han atravesado en todo momento siempre con argumentos deleznables y mediante la presión de una guerra verbal a veces más feroz y abyecta que la de los fusiles. Una oposición revestida de absurdos y de intereses perversos de grupos anclados en sus privilegios de clase o en el atraso de su concepción de la vida. Es una forma de envilecimiento para negar los derechos de las personas y seguir generando un oscurantismo de adversidades recurrentes.

El punto final que deja atrás la guerra y le abre a Colombia una corriente de nuevas posibilidades, impone responsabilidades y compromisos que deben asumirse a plenitud. Es decir, no se trata de apariencias o de protocolos para la basura. “La construcción de paz estable y duradera” tiene que llevar a cambios que sean de fortalecimiento de la democracia. La nación debe quedar curada de pobreza, de intolerancia, de exclusiones, de discriminación y de corrupción. Debe garantizar la igualdad de posibilidades para todos y una justicia pronta y cumplida. El trabajo, la educación, la cultura y la salud tienen que corresponder a los fines prioritarios de un Estado de Derecho.

La erradicación de los factores de envilecimiento de la existencia es una tarea de obligada constancia. Es  parte de la construcción de las fortalezas con que debe contar la nación para estar libre de las caídas o las crisis recurrentes.

En ese empeño, el ejercicio de la política tiene que caracterizarse por el debate de las ideas o la promoción de acciones que aporten beneficios colectivos y dejar de ser ese amasijo de maniobras tramposas, muchas veces sombrías y de impactos nocivos.

El punto final a que se ha llegado estimula la esperanza de los colombianos en un futuro libre de odios y de guerras.

Puntada

Las políticas de Gobierno para el Chocó no pueden reeditarse como paliativos para salir del paso. Es la oportunidad de poner a ese departamento en el rumbo de su articulación efectiva al aprovechamiento óptimo de sus recursos sin la medición de los pícaros que lo han arruinado.