Mi columna anterior estuvo dedicada a demostrar cómo los llamados “tenedores de buena fe exenta de culpa” no están desprotegidos por la Ley 1448 de 2011, contrariamente a lo que con imprecisión y estridencia se ha dicho durante la despiadada embestida contra la Ley de Restitución de Tierras que hemos presenciado últimamente. Embestida que se inició con la concentración de San Ángel, epicentro del paramilitarismo de Jorge 40 y sus secuaces, promovida por el procurador y el señor Lafaurie de Fedegán.
Quiero en esta ocasión comentar otras dos imprecisiones que se han lanzado con ligereza contra la ejecución de la política de restitución de tierras: la primera, que no se han restituido hasta la fecha sino 3,4 % de las tierras reclamadas; y la segunda, que el 40 % de las reclamaciones presentadas las han fabricado falsas víctimas. Ambas afirmaciones, además de mendaces, revelan un propósito político incalificable orientado a deslegitimar una de las leyes de mayor aliento histórico que se ha dado Colombia en los últimos años.
Hasta la fecha se han presentado 88.640 reclamaciones de restitución. De este gran total 44.870 reclamaciones están ubicadas en zonas habilitadas por la ley para hacer el tránsito restitutorio ante los jueces agrarios, es decir, cerca del 50 %. Lo que significa que el otro 50 % de las solicitudes presentadas están a la espera de que las autoridades militares les den la luz verde para proseguir su curso hacia los estrados de los jueces agrarios.
Recuérdese que la Ley 1448 de 2011 prohíbe que se adelanten reclamaciones de restituciones cuando los predios correspondientes estén ubicados en áreas donde aún se desarrollen operaciones militares, o en zonas sembradas con minas antipersonales que no son pocas. Y es entendible. No se puede reinstalar a una familia campesina despojada en un predio en cuya comarca aún se estén echando bala Ejército, paramilitares y guerrilla, o donde no haya concluido el desminado.
De las solicitudes que han podido hacer tránsito a los despachos de los jueces agrarios, el 95 % han sido favorables para los campesinos reclamantes. Del total de solicitudes recibidas, la Unidad de Restitución ha resuelto el 22 %. Nótese bien: ¡el 22 % ya se han restituido! y no el 3, 4% de las reclamaciones, como con grave imprecisión se ha dicho por estos días.
La política de restitución de tierras no tiene metas como tal. Tantas reclamaciones como se han presentado deben ser tramitadas de acuerdo con los presupuestos procesales de la ley. Y así se viene haciendo.
La cifra de 360.000 familias despojadas que se menciona a menudo obedece al total que estudios sociales, disponibles antes de la expedición de la Ley 1448 de 2011, indicaban como el orden de magnitud de las familias que en el último cuarto de siglo tuvieron que abandonar sus predios o fueron despojadas de ellos. Pero, repito, durante la vigencia de la Ley de Restitución de Tierras se vienen tramitando todas y cada una de las reclamaciones que se han recibido: hasta el momento 88.640. Y ya se han restituido a sus legítimos propietarios mediante sentencias de los jueces agrarios 201.000 hectáreas. El 95 % de los fallos proferidos les han dado la razón a los reclamantes.
Otra grave imprecisión en la que se ha incurrido para confundir a la opinión pública en la habilidosa andanada contra la política de restitución de tierras que estamos presenciando, dice así: el 40 % de las reclamaciones de restitución las han presentado falsas víctimas. Esto simplemente es falso de toda falsedad.
La propia Ley 1448 de 2011 tuvo muy en claro desde un comienzo que esta era una ley para las víctimas de verdad; no para víctimas de mentiras. Y por eso estatuyó un nuevo tipo penal que comporta penas privativas de la libertas de 8 a 12 años para quien mediante maniobras engañosas se presente como víctima o despojado sin haberlo sido, intentando así confundir al Estado.
Pues bien, de las 88.640 reclamaciones de restitución que se han recibido hasta la fecha, la Unidad Especial de Restitución de Tierras ha podido establecer 170 casos de falsas víctimas reclamantes; y todas ellas las ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Ya se ha logrado capturar, por cierto, a 60 de los falsos reclamantes. ¿De dónde sacan entonces los detractores de la ley que el 40 % de los reclamantes son falsas víctimas?
