“Mi forma de bromear es decir la verdad. Es la broma más divertida”, Woody Allen.
La frase es válida, pero no para todo el mundo. Es valida en el mundo del entretenimiento por ejemplo, o a veces en el académico y ocasionalmente en el complicado mundo religioso, porque el mandato cristiano ordena; la verdad os hará libres (J, 8.31). Pero en el mundo de la verdadera política, de la administración pública y de la economía no se puede bromear. Hay que decir la verdad en serio.
Cada vez les decimos a los muchachos que estudian el mundo de lo público, que es tan distinto del que estudiamos hasta los años 70, que en la medida en que se institucionaliza el nivel departamental y el nivel municipal, se nota de inmediato el despegue hacia el desarrollo que ahora llamamos humano. Aquí, es al revés; ¡“desinstitucionalizamos”!.
Para ilustrarlos les decimos como es el cambio. En la Constitución de 1886 los niveles territoriales tenían una terrible discriminación. Los territorios de mayor riqueza histórica y de alguna significación económica y cultural eran de mejor familia y se les denominaba departamentos. Luego en esa maldita discriminación, con las mismas características pero disminuidas y a media resignación, aparecían otros territorios llamados Intendencias con dos o tres municipios incomunicados entre sí y del resto del país. Y por último, aparecían, los territorios de “exclusión”, carentes de todo servicio y con ausencia total de la asistencia del Estado. “Pelechaban” en las manos de Dios y de la guerrilla, llamándose Comisarias.
Ah, pero llegó la garantista Constitución de 1991, tan moderna, tan romántica e ilusoria, tan humana, que ahora dejó de ser rígida y la entraron al mundo de la “gelatina”, e igualó a los entes territoriales y les denominó sin las antipáticas y odiosa discriminaciones en departamentos.
Entonces, Cundinamarca tan engreída tuvo que darle la mano a las Intendencias y Comisarías, piojosas y sarampionosas de Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés y Providencia y Santa Catalina, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. Y varias de ellas, hoy, nos han alcanzado, nos están alcanzando y propasando en el desarrollo humano. Hasta fiscalmente, algunas de ellas nos doblan presupuestalmente y en sus proyectos de desarrollo planean y visualizan su futuro con criterios maximalistas, por oposición a los viejos y vetustos departamentos como el nuestro, que cada día camina como el cangrejo, conformándose con lo mínimo. ¡Minimalistas!
Y hemos llegado a esta lamentable situación porque cada día somos más adictos a la mediocridad, a hacer las cosas de la manera más fácil, sin estudiar, sin investigar. A producir actos de la administración absolutamente ilegales e inconstitucionales. Y así, minamos nuestras dos o tres entidades importantes con historia, o las que están a punto de comenzar con futuro. Y tales expresiones administrativas increíblemente se han sostenido por la “bendita, ¿o maldita?” “presunción de legalidad”, que no resistirían el “Cuchepe”, sin son demandados.
Presunción de legalidad derivada del poder jurídico, que hace de esos actos se vuelvan eficaces, imponiendo a los ciudadanos si le repugnan, la carga de demandarlos, por las violaciones constitucionales y las legales, que increíblemente contienen ¡a sabiendas! Que lo diga la Asamblea.
Y como no hay cultura del control social, la comunidad soporta esas arbitrariedades. Pero el control social se está despertando y demandando esas decisiones presumiblemente legales. Hay veedores ciudadanos y ha habido logros como el de las recuperaciones del Parque Bavaria que fue exitosa, aunque el control fiscal municipal produzca prevaricatos que nadie ha denunciado hasta el momento. Tenemos empresas que subsisten, solo por la presunción de legalidad. Disiento esta vez de Woody Allen.
Adenda: ¿Habrá que proponer incidente de desacato, por incumplimiento de la Sentencia T-009 de febrero de 2017?
