Las acciones de grupos armados de cualquier procedencia, generadores de violencias atroces, han afectado a Colombia en forma desastrosa. 

El número de víctimas que dejan configura un holocausto extremo, de vejámenes aplastantes. Son piezas, sin duda de infamia que atiborra la historia de la humanidad.  Salir de ese agujero es deber humanitario. 

Y no hay argumento valedero para impedirlo como quieren algunos que se aferran al revanchismo del suplicio.

Pero ese escalamiento de combatientes tras la utopía del poder sin importarles el sacrificio de tantas vidas, o de empresarios del crimen dedicados a proteger a sangre y fuego riquezas  casi siempre ilícitas, o de miembros de la Fuerza Pública revestidos de cómplices de bandas criminales, no es el único entramado del flagelo nacional. Al país se le han acumulado muchos otros graves males, con efectos devastadores en no pocos casos.

La corrupción, en todas sus aplicaciones, tiene un peso desastroso sobre la vida de la nación. 

En lo que respecta a la administración de justicia es un explosivo que afecta en forma grave el ordenamiento institucional.

Las prácticas de abuso del poder, que se volvieron corrientes, es otra forma de invalidar la función pública al ponerla al servicio de la codicia de pequeños grupos de privilegiados con talante de mafiosos.

El inventario de los actos de ilegalidad de dirigentes políticos, servidores públicos y de personas con influencia en las entidades de gobierno o que manejan palancas de poder, alcanza niveles cada vez más preocupantes. 

Es una corriente generadora de crisis, cuyas secuelas son ostensibles en el debilitamiento de las soluciones que exigen los problemas que afectan la vida de la mayoría de los colombianos.

La conducta punible de quienes tienen el manejo del poder en Colombia lleva a la frustración. Los desvíos en las altas cortes, o en las corporaciones públicas,  en cualquier entidad de gobierno o la empresa privada, del nivel que sea, produce tantos descarrilamientos como las acciones de los grupos armados. El robo de los presupuestos, la permisividad de actos ilícitos en diferentes instancias, la comisión recurrente de arbitrariedades, la complicidad con tanta podredumbre, va contra los derechos, asfixia la democracia y convierte al Estado en un instrumento de degradación y opresión. Es un tejido de cinismo con fuerte dosis de abyección.

Ante esa inocultable realidad la construcción de la paz tiene que abarcar el saneamiento general de la nación. Si no se desmontan esas maquinarias perniciosas el cambio esperado se quedará como ilusión perdida.

El posconflicto entonces requiere  de una pedagogía que infunda un espíritu de rectificación a profundidad. No pueden ser  paños de agua tibia para un mal extremo. Y en esto hay que ser riguroso, sin concesión que ponga en riesgo la exigente finalidad de la paz.

Puntada

Las luces encendidas en este diciembre debieran ser la premonición cierta de la consolidación de una paz estable.