Colombia ha sido un país de violencias sucesivas. Los españoles hicieron la conquista del territorio a sangre y fuego. 

Ni siquiera la evangelización para imponer el credo de la religión católica escapó a la represión. A los indígenas se les trató con la saña del ultraje para someterlos al nuevo orden imperial desde ultramar. 

La lucha por la independencia fue un alzamiento armado contra las arbitrariedades coloniales. 

Después llegaron las guerras entre bandos internos por el manejo del poder o por la tenencia de la tierra. 

Gamonales y latifundistas buscaron imponer sus intereses en forma encarnizada sin importarles los sufrimientos colectivos.

El siglo XX en el país también se caracterizó por los desbordamientos de la violencia. 

Surgió del sectarismo de los partidos llamados tradicionales. Liberales y conservadores acompañaron el ejercicio político de las prácticas de agresión en el empeño de diezmar al contrario.  

A la Guerra de los Mil Días siguió la barbarie del Partido Conservador contra los liberales. Desde el Gobierno se auspiciaron linchamientos selectivos, masacres de campesinos, persecuciones recurrentes para “hacer invivible la república” y así consolidar el poder. 

En esa etapa hubo más de 200.000 personas víctimas de homicidios y despojos. Curas sumados al coro oficialista predicaron en las misas su incitación al linchamiento. Monseñor Builes dejó huellas en ese desvío.

La violencia patrocinada por el sectarismo partidista dejó un denso rescoldo de miserias extendido por todo el territorio nacional.

Bajo el pretexto de la lucha contra el Comunismo también cayeron muchos colombianos asediados por los agentes del Régimen.

La semilla de esa desgracia cruenta habría de germinar más tarde como el conflicto armado que copa más de medio siglo e involucra no solamente a unos guerrilleros que han utilizado “todas las formas de lucha”, sino también a empresarios, políticos, servidores públicos,  a los mismos militares del Estado. Es un tejido hecho con puntadas de diferentes actores investidos de mando y de los cuales casi nadie queda por fuera.

En ese remolino de violencias están las mafias del narcotráfico y los políticos que animaron las bandas de paramilitares y de sicarios, hasta el punto de utilizarlas para el exterminio de un partido como la UP, semejante a lo que antes se hizo para aniquilar a los liberales.

A todo ese desastre, ese desangre, se le quiere poner un punto final, bajo el compromiso de no repetición.  A eso le ha apostado el acuerdo entre el Gobierno y las Farc y le apuesta la negociación de Quito con el Eln. Es el desmonte de tantas agrupaciones metidas en la violencia con distintos fines. Sustraer a Colombia de esa vorágine es una empresa prioritaria. Es la construcción de una nación con fortalezas democráticas contra la pobreza y todos los demás desequilibrios de exclusión, de prejuicios, de atraso, de corrupción, de trampas y desatinos. Oponerse a este propósito es querer que Colombia siga atrapada en un holocausto sin final.

Puntada

Políticos o dirigentes como Fernando Londoño Hoyos y Alejandro Ordóñez Maldonado son expresión de atraso y desvío. Chocan contra las nuevas posibilidades de paz y democracia. Pero, además, tienen deudas pendientes por saldar.