Ríos de tinta han corrido en los medios de comunicación desde que empezó la crisis en la frontera con Venezuela por el cierre, parece que indefinido, de la misma. Hay que reconocer que el gobierno nacional, departamental y municipal desde un principio ha brindado a nuestros paisanos, y también a venezolanos atrapados en Colombia, todas las atenciones que el caso amerita.
Esa atención pronta estuvo dirigida a atender sus necesidades básicas –como era lógico- pero también a impedir que los deportados, expulsados, o como quiera llamárseles, se diseminaran por toda la ciudad sin rumbo fijo, creando una tragedia igual o superior a la que padecían.
Lo correcto fue congregarlos en sitios fijos, censarlos y procurarles toda ayuda, de esa que sólo pude entregar el gobierno nacional y no los raquíticos presupuestos de las entidades territoriales: educación, salud, vivienda y naturalización, entre otros.
Cada día está más lejos la pretensión de la Asamblea Constituyente de 1991 al autorizar en su Carta la “cooperación e integración” entre departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas para fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente.
Pero con este ambiente enrarecido y de hostilidad, donde hasta el mismo gobierno nacional -que siempre ha privilegiado el diálogo, el entendimiento y la razón- es “ofendido y humillado” por su par al otro lado de la frontera, como lo reconoció el presidente Juan Manuel Santos por la televisión nacional, creo que es poco lo que se pueda hacer.
Es válido preguntarse, ¿si en realidad no puede hacer nada el gobierno nacional para solventar el asunto, con todos los medios económicos y políticos a su disposición, qué se puede esperar de los pobres gobernadores y alcaldes?
La lectura atenta de todo lo que publican los medios de comunicación sobre este tema fronterizo y la situación política y económica de la República Bolivariana de Venezuela, eriza la piel.
El pasado domingo el periódico La Opinión impactó con dos titulares que producen escalofrío: primero, Simón Gaviria Muñoz, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), dice que la entidad ha analizado los indicadores económicos de Venezuela y concluye que “lo peor está por venir”; segundo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, luego de recordar que desde el gobierno se debe procurar un modelo de desarrollo distinto para las zonas de frontera, advierte que “tenemos que prepararnos para momentos difíciles”.
Es decir, cualquier cosa buena o mala que se haga al otro lado del río Táchira, repercute en Colombia; y no solamente nosotros, en Norte de Santander, debemos “prepararnos para momentos difíciles”, también el gobierno nacional, porque una cosa es que pasen mil personas por el citado río, y otra muy distinta, que pasen miles, a manadas, si sucede lo que la mayoría sospecha.
