La refrendación de los acuerdos de paz a que llegaron el Gobierno y las Farc le abren a Colombia nuevos espacios para la construcción de sus políticas públicas. Es la solución a crónicos problemas que han llevado a la frustración de no pocas posibilidades de la nación.
La paz no se reduce a la firma de unos documentos en que se consignan los compromisos para la construcción de un mejor país. A partir de allí hay que asumir la tarea de desarrollar unos programas que le impriman al Estado las dinámicas de fortalecimiento de la democracia. Y esto implica quitarle a la política las prácticas de degradación en que ha caído. El clientelismo burocrático y la corrupción son dos de esos males que han dejado un saldo negativo en el manejo de los asuntos públicos.
Otra de las debilidades que socavan a la nación es el abuso del poder en que incurren en todas las instancias los servidores públicos. Son recurrentes los actos viciados con los cuales buscan beneficios indebidos, cuyos efectos resultan contrarios a los fines del llamado Estado Social de Derecho.
Mediante el abuso de poder se materializan actos insólitos de beneficio personal. Así se consuman prácticas muchas veces ilícitas. Es además, la plataforma desde la cual se manejan las operaciones propias del enriquecimiento, que es una de las frondosas ramas de la corrupción.
La construcción de una paz estable y duradera, como se dice en el documento que recoge los acuerdos impone la no repetición de atrocidades a que llevó la beligerancia de los actores del conflicto. Pero la no repetición debe comprender también los actos y las situaciones que han sido caldo de cultivo de la confrontación. No debe tener repetición la violencia ejercida por fuerzas paramilitares con la complicidad de agentes del Gobierno contra los dirigentes de la oposición, como se ofició en tiempo pasado. Como se hizo con la UP, con dirigentes sindicales, con líderes campesinos y con defensores de los derechos humanos. Tampoco debe tener repetición la intolerancia que impide la expresión libre de las ideas. Los desgreños en la administración de justicia, con ese saldo abrumador de impunidad es otro punto negativo para tomar en cuenta en las soluciones que deben fortalecer la paz.
Se trata en realidad de una tarea de participación colectiva. Un bien cuya preservación y consolidación tiene que contar con el apoyo de los ciudadanos de todas las vertientes.
Son prioridades que no se pueden poner en la lista incierta de las distracciones oficiales. Hay que proceder con la convicción de que esos cambios serán los que le darán estabilidad a la Colombia que se busca forjar sin el ruido de las armas y sin las tretas de los engaños que han servido de repertorio de demagogos y de ´próceres´ embaucadores con el discurso de un patriotismo oxidado por la mentira así se ufanen de realizaciones que no resisten el escrutinio de la verificación.
Puntada
El abogado y columnista Abelardo de la Espriella es no solamente experto en la letra menuda de los códigos para favorecer a sus clientes en casos judiciales, sino que también sabe tirar la piedra y esconder la mano. Con una especie de ´nadaito de perro´ argumenta en sus escritos ´razones´ que él cree absolutas, pero que no son más que el repertorio de distorsiones para crear dudas sobre los acuerdos de paz, a la luz de los intereses de la mezquina minoría que prefiere un país atrasado y con manejo a la medida de sus privilegios excluyentes.
