Empieza el nuevo año y quienes aún no salen de la resaca navideña no advierten lo que nos espera este 2016, independientemente del retorno al trabajo y gastos escolares. Veamos:
1. Impuesto predial. Desde cuando el presidente Juan Manuel Santos llegó a la Presidencia en 2010 los colombianos pensamos que al empezar su gobierno cumpliría su palabra de no aumentar impuestos, porque recuerdo que en uno de los debates por televisión con su contrincante Antanas Mockus juró que no los incrementaría.
Fue tan “elegante” Juan Manuel que, de entrada, efectivamente no aumentó los impuestos, como todos los colombianos esperábamos, vía reforma tributaria, que es más mediática y genera más debates académicos y periodísticos, sino que los aumentó, concretamente el impuesto predial, vía Plan de desarrollo, que se tramita en el Congreso casi que subrepticiamente, pero con unas implicaciones en el bolsillo de los colombianos del que aún no nos reponemos porque el reajuste fue desproporcionado.
Es decir, hizo una reforma tributaria escondida en un Plan de Desarrollo, y ese golpe al presupuesto familiar tendremos que volverlo a asumir a partir de este mes.
Cualquier tributarista o hacendista diría que se ha desconocido el principio de progresividad, según el cual la obligación tributaria debe ser proporcional a la capacidad de pago del sujeto pasivo.
Aquí fue indiscriminado y en el gobierno nacional “los científicos” pensaron que todos éramos ricos, como ellos. Afortunadamente los congresistas David Alejandro Barguil Assis y Carlos Fernando Galán Pachón presentaron un proyecto de ley para limitar el cobro del impuesto predial y ya se tramita en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. ¡Qué alivio!
De todas maneras nos quedan pendientes los “regalos” que traerá la reforma tributaria estructural.
2. Plebiscito. Es difícil saber si el Gobierno nacional sabe lo que quiere o está enredado en la forma como refrendará los Acuerdos de La Habana, porque se ha hablado de referéndum, plebiscito y asamblea constituyente. Sólo les falta “Por aclamación” o “Ponerse de pie”.
Al final, y supuestamente desoyendo las exigencias de las Farc, el Gobierno se decidió por el plebiscito, haciéndole “alta cirugía” a la figura para que cuadre con sus propósitos. Es decir, hay que refrendar como sea, así la participación electoral sea ínfima.
Pero el procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado siente pasos de animal grande, porque cuando habla de un eventual “episodio jurídico”, que ya tienen claro los negociadores de La Habana, se refiere a que la Corte Constitucional podría no aprobar el plebiscito y el Gobierno resuelva plantear como último recurso la convocatoria de una todopoderosa Asamblea Constituyente que no tendría cortapisas ni restricciones. Por vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes y defender los intereses de la sociedad, “altos heliotropos” del Ejecutivo nacional quieren sacar al Procurador el próximo 20 de enero.
No olvidemos las palabras del constitucionalista Alfonso López Michelsen: “El embeleco del plebiscito hace creer que el pueblo participa en sus decisiones pero lo que pasa es que le quita la capacidad de controvertir”. Y agrega: “El pueblo no sabe qué es plebiscito, consenso, soberanía, y en consecuencia no sabe qué le va a pasar”.
