Todas las formas de violencia son condenables. El secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzado, los atentados con explosivos, la desaparición obligada, el despojo de bienes, los falsos positivos, las acusaciones de testigos mentirosos, el homicidio por cualquier procedimiento y demás mecanismos contra la vida y la seguridad de las personas, no pueden tener justificación. Pero se convirtieron en prácticas corrientes no solamente de las organizaciones al margen de la ley sino también de representantes del Estado con sello de legitimidad.  Porque, así sea por excepción, la Fuerza Pública también ha incurrido en abusos y en acciones que han alcanzado el grado de atrocidad, equiparable a los brutales desatinos de guerrilleros y paramilitares. En algunas ocasiones los paramilitares fueron el brazo criminal con la complicidad de servidores oficiales. Y no faltó la omisión de funcionarios judiciales ante la carnicería de bloques criminales contra la población civil, en nombre de la lucha antiguerrillera o de las cruzadas que buscaban cerrarles el paso al comunismo o a otras corrientes de la izquierda democrática. En esa cacería se consumó el exterminio de los militantes y dirigentes de la Unión Patriótica. Todo fue hecho con cálculo político.

Y a ese linchamiento  hay que sumar los que se hicieron por vía institucional, con el blindaje de una supuesta legalidad, como la inhabilidad impuesta a Piedad Córdoba por el ya exprocurador Alejandro Ordóñez, con desbordamiento de sus funciones. Este caso es bien revelador de la intención discriminatoria de quien estaba obligado a obrar en derecho, con rectitud y rigor ético, en vez de convertirse en un cazador de brujas o en perseguidor al impulso del sectarismo y del fanatismo.

La decisión del Consejo de Estado de  revocar el desmedido fallo de Ordóñez desata el nudo que él hizo en un acto desvegonzado de abuso de poder. Lo hizo con espíritu de linchamiento político, como quien persigue con saña a un enemigo que lo estorba. Lo hizo con ese talante de sevicia en ejercicio de un revanchismo de perversa violencia.

Esa acumulación de tantas violencias ha llevado a Colombia a extremismos de desgreño institucional. De donde hay que salir con voluntad de paz irreversible y la segura decisión de no repetición de tanta abyección que tiene protagonistas en diferentes bandos.

Por eso la paz hay que hacerla con todos, con perdón de unos y otros y con el compromiso de sepultar para siempre esa fábrica de odios y de revanchismo que tanto daño le hace a la democracia y al debate de las ideas.

Hay que celebrar la restitución de los derechos políticos de Piedad Córdoba, como aporte a la paz y la democracia que necesita Colombia para salir del suplicio a donde la han conducido las beligerancias de los violentos de uno y otro lado.

Puntada

Ahora el coro creciente es ¡Acuerdo ya!. Era el Sí en plebiscito. Ojalá la nueva expresión madure cuanto antes y se acabe la incertidumbre.