El mayor honor que puede dispensar la democracia a un abogado es llevarlo como magistrado a una de las altas corporaciones judiciales. Pero no podemos perder de vista que ese honor también implica una monumental responsabilidad. Un gran compromiso con la sociedad, que a su vez exige estricto apego a la legalidad, al Derecho, a la moralidad, a la independencia, al sentido objetivo e imparcial de sus decisiones. Todo lo cual se traduce en la respetabilidad y alta credibilidad del cargo y de la persona que lo ejerce.
En cualquier lugar del mundo, ser juez o magistrado es ya una presunción de imparcialidad, de justicia y de honestidad. Esa, desde luego, es una presunción desvirtuable, juris tantum, que admite prueba en contrario. Pero, si se llega a desvirtuar, el efecto en la comunidad es nefasto, porque, al descubrir que el ídolo tenía pies de barro, el ciudadano pierde confianza respecto a todas las instituciones. Como dice el Evangelio, “si la sal se corrompe, ¿con qué se salará?”.
En el caso de la Corte Constitucional colombiana, ella tiene a cargo nada menos que la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. De las decisiones de sus magistrados depende la vigencia del orden jurídico estatal en su máxima expresión, la intangibilidad de la estructura normativa y la efectividad de los derechos humanos y las libertades públicas. La Corte es el sostén del Estado Social y Democrático de Derecho. Si periclita, si se entrega a quienes ejercen el poder político; si pierde independencia, resulta muy difícil detener la debacle: todo el edificio de la institucionalidad se derrumba.
El Senado ha elegido a dos nuevos magistrados de esa corporación: los doctores Cristina Pardo Schlesinger y Carlos Bernal Pulido. Excelentes juristas, cuya trayectoria y antecedentes personales y profesionales los acreditan y los hacen merecedores de confianza. El doctor Bernal es un importante académico, graduado con honores en la Universidad Externado de Colombia y profesor de Derecho Constitucional. La doctora Cristina fue magistrada auxiliar de nuestro lamentado colega Vladimiro Naranjo Mesa y de Marco Gerardo Monroy Cabra, y, durante su paso por la Corte, a todos los magistrados nos prestó invaluable apoyo en la tarea que desempeñábamos, con gran sentido jurídico. A pesar de venir del seno del Gobierno, como Secretaria Jurídica de Palacio -por lo cual deberá declararse impedida en muchos asuntos-, tenemos gran confianza en su imparcialidad y seriedad.
Todo el país espera que estos dos buenos juristas establezcan compromiso única y exclusivamente con la Constitución que deben defender, y que recuperen el decaído prestigio de la Institución.
Faltan por elegir otros dos magistrados de la Corte Constitucional, para salir por fin de la prolongada interinidad en que se encuentra. Provendrán de las ternas que envía la Corte Suprema de Justicia. Hacemos votos porque el Senado escoja otros dos buenos juristas, comprometidos con la Constitución y con nadie más, que reflejen en sus providencias y posiciones un amplio conocimiento del Derecho y que no se dejen influenciar, ni por sus electores, ni por sus postulantes, ni por el Ejecutivo, y menos por intereses personales, políticos o económicos.
Bienvenida, ojalá, una Corte Constitucional independiente, que falle en Derecho.
