En alocución televisada del primero de septiembre, expuso el presidente Juan Manuel Santos varios argumentos válidos contra las arbitrarias decisiones del gobierno venezolano sobre el cierre de la frontera, persecución organizada contra nacionales colombianos y ostensible vulneración de Derechos Humanos. 

El hecho de que en la OEA -el foro natural para exponer formalmente la actual situación- no se haya obtenido la reunión de cancilleres solicitada -y ello porque prevalecieron intereses y conveniencias sobre la razón y los derechos- no debe desalentar a nuestro gobierno, y hay otros instrumentos a los cuales recurrir. 

Parece razonable que finalmente se haya decidido no acudir a Unasur, pues ya se sabe cuál va a ser la actitud de los países que la integran, los cuales ya se pronunciaron en la OEA y sin disimulo adelantaron que estarán en contra de Colombia, y eso que pedíamos apenas una reunión de cancilleres y no un pronunciamiento de fondo contra la inhumana política de Maduro. 

Además de acudir a la ONU y de solicitar las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es válido denunciar a personas en concreto ante la Corte Penal Internacional por los hechos en la frontera, pues el artículo 7 del Tratado de Roma de 1998, por el cual se creó la Corte Penal Internacional, contempla como crímenes de lesa humanidad, cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, actos como deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de Derecho Internacional; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables por el Derecho Internacional, violencia sexual u otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o ate
nten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las personas. Fácilmente se reconoce en esta lista lo acontecido en nuestra frontera con Venezuela. 

La posición de Colombia, si no se examina con el criterio político e interesado que prevaleció en la reunión de embajadores de la OEA, está sustentada con numerosas pruebas documentales acerca de los abusos en que han incurrido tanto el gobierno venezolano como los miembros de la guardia bolivariana; la discriminación por razones de nacionalidad; la vulneración del debido proceso y la presunción de inocencia; las vías de hecho que se han repetido en estos días; las irregulares deportaciones; la separación forzada de las familias; la vulneración abierta de los derechos de los niños; la aplicación de medidas tan vergonzosas como la de marcar y derribar las casas de los colombianos y los daños causados a sus bienes, con la consiguiente responsabilidad patrimonial del Estado venezolano. 

En fin, estos y otros instrumentos los tiene Colombia para hacer que se respeten los derechos de sus nacionales. (Colprensa)