Resulta desconcertante en un país, considerado en las estadísticas mundiales como uno de los que más violan e irrespetan los derechos fundamentales de la niñez, de la adolescencia y de las mujeres; que la Fiscalía General de la Nación en cabeza de, un no menos desconcertante fiscal Montealegre, salga a pedir una reforma al Código Penal, en la cual en una muy confusa explicación jurídica, propone que a los abusadores y violadores de menores, se les rebajen penas, dizque porque aupando la confesión de éstos sociópatas delatarán a los otros abusadores que en la mente febril del fiscal, forman parte de redes más grandes de tratantes y abusadores de menores.
Vamos por partes, en primer lugar, ¿de dónde saca el fiscal, que la principal causa del abuso sexual de menores proviene de redes dedicadas a ello?
Esta sola premisa revela un desconocimiento mayúsculo del origen socio psicológico de este problema, y por lo tanto partir de una premisa falsa hace que el resto del entramado que nos quieren hacer tragar se caiga de su peso.
La misma directora de ICBF, con toda la razón, salió a protestar por semejante despropósito, y pidió de manera urgente que el Legislativo no apruebe este horror de reforma.
Científicamente, la psiquiatría describe a los abusadores como personas, la gran mayoría solitarias, que padecen una trastorno sociopatico, repetitivo y que no les permite sentir ninguna culpa, lo que los hacen unos delincuentes tremendamente peligrosos para la vulnerable población infantil.
De hecho en los países donde se ha estudiado a profundidad esta conducta, las penas son severísimas, disuasivas y de escarnio público, señalando de manera particular a estos individuos para que la comunidad esté alerta y aleje lo más posible a los menores de ellos.
Por lo tanto, el solo hecho que por cualquier razón se invoque para conceder rebajas en presencia de éste delito, ofende al menor abusado, a los padres, a la sociedad toda, y peor aún, envía un mensaje muy equivocado y mal sano a los potenciales abusadores.
Las redes de trata de menores, pornografía infantil, y todo los delitos derivados de estas acciones delictivas son igualmente graves, pero deben ser agrupados en una categoría muy diferente al violador o abusador que actúa solo, en un contexto de delincuente serial, como un asesino en serie valga la comparación, el cual no se detendrá en su conducta a menos que un sistema jurídico insobornable y suficientemente claro en la tipificación del delito, lo ponga tras las rejas por mucho tiempo.
Valga pues en este punto para volver a discutir la cadena perpetua para estos violadores, y no como dice el Fiscal, sacarlos rapidito de la cárcel con el argumento que van a delatar a otros violadores, ¡por favor!
Esto nos lleva inevitablemente a preguntarnos porque el fiscal se arriesga tanto con esta propuesta, o será que en su afán de cubrir por todos los frentes jurídicos posibles a las Farc, para blindarlos en el futuro de delitos conexos a éste, y en sus característicos saltos al vacío se propone protegerlos del sinnúmero de casos de abuso, violaciones, embarazos de menores, abortos en menores que sistemáticamente la guerrilla ha cometido durante todos estos años de reclutamiento infantil. Parece una suspicacia mía, pero por ahí puede ir la cosa. Rebajas para los señores de las Farc por todos estos delitos atroces si se confiesan culpables. Pero craso error otra vez del fiscal, esta vez su propuesta va en contra de la maltratada infancia de este país. Entre tanto, ¿qué dice el Gobierno al respecto? Porque tanto silencio, salvo el alarido que pegó la directora del ICBF, ningún ministro, ni super ministro ni nadie se ha molestado por defender a nuestra niñez y adolescencia, duele en el alma estos mutismos cómplices.
