En la pasada columna, traté el tema de los atropellos que se cometen en el organismo de tránsito del municipio de Los Patios, porque así no se quiera llamar por su nombre, el hecho de que una persona jurídica sea quien ejecute una concesión, no le da facultades para abusar de los usuarios. 

No es costumbre citar con nombre propio a los actores que hacen parte de mis críticas, pero dado el sepulcral silencio de los responsables es mejor hacerlos visibles a la ciudadanía. 

La principal actora es la Directora del Instituto de Tránsito y Transporte de Los Patios, Adriana Carolina Cogollo Delgado, representante legal del organismo y responsable de las actividades que allí se desarrollan, puesto que una cosa es el contrato de concesión y otra es la responsabilidad que le asiste de atender los derechos de petición y demás solicitudes derivadas de las injustas e ilegales sanciones aplicadas a miles de ciudadanos que claman por el debido proceso.

De igual manera es preciso recordarle a la funcionaria, que se puede delegar una actividad pero no se puede aislar de la responsabilidad y por tal motivo, las comunicaciones relacionadas con peticiones respetuosas, las citaciones a comparecer ante un inspector de tránsito, entrega de información, etc., son parte de rol cotidiano de un ejecutivo. 

Infortunadamente eso no sucede en dichas oficinas puesto que los oficios los suscribe el primero que pase por ahí. Tengo pruebas que evidencian entre otras las siguientes irregularidades: oficio del Instituto de Tránsito de Los Patios sin fecha ni número, suscrito por el agente Carlos Alberto Espinosa. Oficio N° 149 de 2016 sin firmas. Oficio sin número suscrito por Jessica Katherine Rivera Camacho, empleada de la Unión Temporal Proyecto Vial Los Patios, en papelería de la misma concesionaria, respondiendo un derecho de petición librado a la Directora, oficio RDPU N° 143-2017 sin nombre de quien los suscribe.

Podría llenar cientos de páginas con hechos lamentables que suceden en esa dependencia y que desdicen de la administración del alcalde Diego González, el cual ha demostrado su preocupación por el buen servicio al ciudadano, pero en este caso ha sido muy indiferente.

Es muy lamentable que sea la misma funcionaria quien diluya o traslade a diferentes personas, lo que por ley debe atender, puesto que muy poco se podría hacer desde la óptica legal con un oficio suscrito por un contratista o un funcionario de inferior nivel jerárquico y por lo tanto, el tema debe ser revisado por las oficinas de Control Interno, que deben velar por el mejoramiento continuo de la administración municipal, el cual no es visible para el caso del contrato de concesión, pesadilla que podría durar algo más de veinte años. Mientras tanto, seguiremos observando de cerca el problema, seguro de encontrar alguna fórmula que mitigue las presuntas irregularidades.