El Gobierno Nacional no puede molestarse por las expresiones de incertidumbre de los ciudadanos sobre el desarrollo de las conversaciones de paz de La Habana, porque es allá donde surgen con demasiada frecuencia las mayores contradicciones de los acuerdos y sus plazos.
En relación con la justicia transicional aplicable, se armó un alboroto porque el acuerdo firmado con bombos y platillos antes del discurso del Presidente Santos en la ONU, resultó ser apenas un comunicado con más salvedades que consensos.
Sobre la refrendación popular que se anunció desde el inicio, ha habido tantas interpretaciones y propuestas que ya no se sabe si se va a someter a votación un referendo, un plebiscito, una consulta popular o algún mecanismo de esos que salen como de un cubilete de mago cada semana.
Los proyectos de reformas que están cursando en el Congreso para crear el marco legal a los acuerdos están siendo rechazados públicamente por los negociadores de las Farc, y uno no sabe si es que después de consultados se objetan o es que no se discuten previamente, como si en la mesa de negociaciones se trataran asuntos de otra índole que nadie conoce, mientras el gobierno anuncia avances que parecen inseguros.
El gobierno ha afirmado reiteradamente que no se convocará a una asamblea constituyente, pero cada vez que los voceros de la guerrilla toman un micrófono afirman que ese es el procedimiento que exigen.
Y, por ese camino, no se sabe si las normas que van a salir del Congreso de la República serán acatas por las Farc.
En cuanto a uno de los temas cruciales de un acuerdo de paz con insurgentes como es la participación en política de sus representantes, todavía no hay algo concreto y, según se vio en el debate adelantado el martes 3 de noviembre en el Senado, parece que se va a dejar una especie de artículo en blanco para llenarlo con lo que llegue a acordarse en la mesa de La Habana. Extraño procedimiento.
Y para rematar, las Farc aseguraron que el plazo de seis meses que habían acordado con el Gobierno para firmar un acuerdo de paz podría variar.
Como lo registró el periódico El Tiempo (3 de noviembre), alias Carlos Antonio Lozada afirmó que “ese es un debate que habrá que analizar en la mesa cuando tratemos de ver en qué momento se cierra definitivamente el tema de justicia”.
Señaló también que “en ese momento se podrá ver a partir de qué día comienzan a contarse los seis meses”.
Yo estoy seguro de que todos los colombianos que no tenemos armas queremos que termine esta guerra fratricida que ya no tiene razón de ser sino para los criminales que quieren seguir delinquiendo; deseamos que el país aproveche bien sus inmensos recursos naturales para alcanzar el bienestar de todos, y anhelamos que se disminuya la pobreza de los más necesitados. Pero este proceso que, por lo analizado suscita incertidumbres, debería ofrecer mayor sensación de certeza para dormir en paz.
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