Recientemente el Congreso de la República aprobó una ley que para muchos, es la solución perfecta para limitar los exagerados atropellos del funcionario responsable de atender la última instancia jurídica ante el organismo de tránsito: El Inspector.

Aún sin conocer el contenido de la cacareada norma, considero que es poco o nada lo que aliviará la situación puesto que según los comunicados de prensa, todo apunta a limitar las utilidades de los concesionarios que por ningún motivo se dejarán meter la mano en el bolsillo, habida cuenta que media un contrato legalizado y con vigencia de quince años o más y creo que eso no es lo que mortifica a la ciudadanía que al final le tocará pagar el valor de la infracción, con o sin la nueva ley.

Es curioso ver en internet, formatos dirigidos a la autoridad de tránsito supuestamente utilizados para reclamar, pero a decir verdad es poco lo que aportan toda vez que cada caso atiende hechos diferentes y el denominador común es la “errónea” interpretación del artículo 135 de la ley 769 de 2002, modificado por la ley 1383 de 2010, el cual define el procedimiento para aplicar el comparendo y pese a que son profesionales del Derecho las personas que ocupan el cargo de Inspectores de Tránsito, interpretan a su antojo la norma y por encima de las mismas, aplastan a los ciudadanos, con la delictuosa excusa: “reclame en el Contencioso”, frase utilizada en Villa del Rosario. 

Presumo que la actitud de los inspectores de tránsito tiene un tinte de dolo el cual debe ser investigado por las autoridades competentes, toda vez que al negar un derecho legal y pasar por alto la jurisprudencia de las Altas Cortes, deliberadamente recargan poco a poco el aparato de justicia, al negarse a interpretar la norma, ya sea por convicción, ignorancia, compromiso político, presunto interés particular o todas las anteriores.

En pasadas columnas, cité casos de los organismos de tránsito de Los Patios y Villa del Rosario, pero la verdad me quedé corto en la apreciación, puesto que lo que sucede en la dependencia responsable de los reclamos por fotomultas, es similar a una dictadura en la cual su Inspector, reta a los jueces de la República, ignorando sus fallos y de tales irregularidades, se deben desprender duras sanciones. 

Es importante que con la llegada de una experimentada funcionaria a la Procuraduría Provincial, se detenga tan complejo problema y cese tanta injusticia al interior de la dependencia acusada y además, sus directores deben dejar el papel de momias y actuar conforme a sus responsabilidades porque el silencio los puede comprometer. 

Respecto a lo publicado por este medio de comunicación, titulado: ¿Qué hacer ante una fotomulta?, opino que las recomendaciones son muy románticas y se alejan bastante de la realidad, motivo por el cual no comparto el contenido del video porque llena de esperanzas a los ciudadanos que no saben el camino a escoger, frente a tan lucrativo negocio.