No es casual que la Justicia sea una de las instituciones más desacreditadas en el país. Los números son claros. Hoy el poder judicial está más desacreditado (79 % de opinión negativa y 16 % positiva) que el mismo Congreso que tiene una opinión negativa del 71 % frente a una positiva del 26 %. La Corte Suprema, 65 % negativo y 28 % positivo, y la Corte Constitucional, 52 % negativo y 36 % positivo, no se quedan atrás.
La razón es clara, sus resultados dejan mucho que desear. Su corrupción es rampante. Y su politización ha llegado a niveles insostenibles. Una democracia no sobrevive sin una Justicia pulcra, seria, coherente, eficiente y digna cosa que no aplica para el poder judicial colombiano.
Los últimos hechos judiciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado muestran el grado de inestabilidad jurídica al que ha llegado nuestro país y de la urgente necesidad de una reforma profunda al poder judicial. Hoy esa inestabilidad jurídica y los abusos de poder de la rama judicial, en especial las altas cortes, generan tremenda desconfianza en el ciudadano, en el sector privado y en la misma clase dirigente del país.
Una nación no logra desarrollar su economía, su democracia y su sociedad si el poder Judicial, como árbitro de conflictos, no tiene la legitimidad para dirimirlos. Hoy, hemos llegado a ese estadio con nuestra Corte Constitucional, Corte Suprema y con el Consejo de Estado. Los intereses que allí hay, políticos, burocráticos, personales e incluso de negocio, han desvirtuado estas instituciones, han menguado brutalmente la confianza del ciudadano en estas y han desvirtuado la separación de poderes, que es el pilar de una democracia robusta.
La crisis de Venezuela y la falta de opciones para resolverla se debe en gran parte a la destrucción institucional que hay por cuenta de unos gobiernos que cooptaron los tres poderes. La Asamblea tiene mayoría de la oposición pero es un rey de burlas por cuenta de un poder judicial apéndice del Ejecutivo y un poder electoral que juega a proteger al presidente y sus necesidades.
El poder judicial es como el conductor elegido. Tiene que llevar a los borrachos que sin control quieren hacer lo que les “da la gana” sanos y salvos a la casa. Es decir tiene que proteger la separación de poderes y por ende controlar los abusos que se den desde el Ejecutivo o el legislativo. Lo sucedido con las sentencias de las últimas semanas de las altas cortes hacen exactamente lo contrario y dejan en claro que el fin justifica los medios. Nada más grave para una democracia.
El gobierno de los jueces al que está sometido el país con una permeabilidad política de intereses cruzados hizo agua. Por eso el 2017 debe ser el año del cambio en la justicia. Y no se hace por el Congreso, pues vimos que las Cortes no lo permiten. Solo quedan dos caminos: un referendo, la figura del plebiscito murió en la Constitución, o una Asamblea Constituyente.
¿Cuál de los dos? Pues idealmente debería ser el segundo, ya que este país necesita otras reformas como el régimen político, el régimen territorial y la Justicia. Sería ideal poder matar tres pájaros de un tiro. Pero lo cierto es que los políticos del negocio, que viven de la corrupción de hoy no van a permitirlo.
Queda pues la opción del referendo, que requiere de una gran movilización, una gran recolección de firmas y una gran presión tanto al Congreso como al gobierno para que permitan que el pueblo decida que Justicia quiere. ¿Quién le pone el cascabel a este gato? No hay que temerle a esos supuestos imposibles, pues la gran lección del pueblo colombiano con el frustrado plebiscito es que está por encima de sus dirigentes. Manos a la obra. Lo que hay en juego es el futuro de la democracia colombiana.
