Arturo Acosta Villaveces, gerente liquidador del Cúcuta Deportivo, parece ahora caminar en solitario por la ruta del retorno del equipo al profesionalismo, según lo ha expresado en sus últimas declaraciones.
Durante la semana, el hoy representante legal del cuadro rojinegro, tuvo una reunión con hinchas del motilón, en las que entre otras cosas, comentó la actualidad de la institución y reiteró su expreso deseo de poner en marcha la empresa.
Cuando en un principio se creía que esa ruta pedregosa la iba a caminar de la mano de la Alcaldía de Cúcuta y el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD), hoy la realidad parece ser otra, por una ruptura generada por la marca Cúcuta Deportivo.
Acosta, jurista designado por la Superintendencia de Sociedades para llevar el proceso de liquidación judicial del equipo, reclamó nuevamente por la solicitud del registro de marca hecha por el IMRD en el pasado octubre ante la Superintendencia de Industria y Comercio, alegando que dicha situación le impide avanzar, enfatizando en el cierre de patrocinios.
Por su parte, el IMRD se mantiene en que lo mejor que le puede pasar a la ciudad es que la marca sea asignada al Instituto, y que, para retirar la solicitud, Acosta debe reunirse con el alcalde Jairo Yáñez y exponer sus razones.
En ese panorama, el gerente liquidador contó que ya actuó ante la SIC buscando que la marca sea asignada a la empresa y no a ningún tercero.
Pero no solamente la solicitud fue motivo de discusión en torno a la marca, sino también el uso que le da la fundación Amigos del Cúcuta Deportivo, presidida por Jorge Luis Pinto.
Acosta señaló que el uso dado por la fundación puede generar confusión y que no le pidieron permiso para usarla.
¿Y el reconocimiento deportivo?
En el discurso de Acosta, siempre se ha dejado en claro que el primer paso es recuperar el reconocimiento deportivo ante el Ministerio del Deporte.
Aunque en su primera visita a la ciudad (1 de diciembre) el bogotano dijo que esperaba ‘recuperar el apellido’ antes de acabar el 2020, levantar la sanción se ha alargado ya más de cuatro meses.
Las batallas judiciales durante el primer trimestre del año mermaron la celeridad para pagar la deuda de 106 millones de pesos, ante un poco más de 20 acreedores laborales que estuvieron en el club entre diciembre de 2018 y agosto de 2019.
Pero el pasado 18 de marzo, la fundación, a la que hoy Acosta le reclama el uso de la marca, aportó los dineros para pagar la deuda.
En diálogo con este medio, Viviana Forero, directora de Inspección, Vigilancia y Control del Mindeporte, dijo que estaban a la espera de los certificados de pagos para levantar la sanción.
Los pagos ya están autorizado por la Supersociedades y se harán por intermedio del Banco Agrario por la vía del depósito judicial.
Solo restaría enviar al Ministerio del Deporte los certificados de las consignaciones a los acreedores para que la entidad los confirme y así levantar la sanción que suspendió el reconocimiento deportivo.
De igual manera, dijo que era necesario renovarlo por cinco años.
¿Y el derecho de afiliación?
Si bien la Supersociedades ordenó por tercera vez el embargo del derecho de afiliación o ‘ficha’ ante la Dimayor, el ente rector del fútbol profesional en el país parece mantenerse en la postura no acatar la orden.
Ante esta situación, Acosta fue preciso en que de ser necesario iniciar otro ‘round’, lo tendrá con su equipo jurídico buscando hacer valer el respectivo derecho del motilón ante la entidad que le haría poseedor, incluso, de los dividendos económicos producto de la televisión.
El argumento que tendría el liquidador para pelear sería que la Dimayor, que desafilió al Cúcuta el 25 de noviembre y lo ratificó el 18 de marzo por intermedio de la Federación Colombiana de Fútbol, no podía hacerlo al tener todos los bienes embargados, entre ellos la ficha, desde el 11 de noviembre (día que empezó la liquidación judicial del Cúcuta).
