En acatamiento a una orden judicial, el alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, le dio reversa a su decisión de cobrarles plusvalía a los cucuteños, para lo cual anuló todo el proceso de determinación y liquidación de esta cuestionada contribución.
Como hubo muchos propietarios de viviendas y otros inmuebles que alcanzaron a pagarle al municipio, el gobierno local aseguró que se adelantarán los trámites para devolverles los dineros por concepto de dicha obligación.
Mediante la Resolución 0042 del 13 de febrero, el alcalde César Omar Rojas Ayala decidió decretar la nulidad de todo el proceso administrativo de determinación y liquidación del efecto plusvalía causado por acciones urbanísticas y la fijación del monto de contribución de plusvalía en Cúcuta.
El acto administrativo que muestra el reversazo de Rojas Ayala, cuyo contenido conoció La Opinión, consigna un paso para que todo lo actuado en ese asunto se quede sin efecto. Se trata de “la nulidad de todas y cada una de las resoluciones expedidas por el ente territorial en dicho proceso”.
Es decir, a las personas que les haya llegado una notificación de cobro por la plusvalía (por cambio de uso de suelo, incorporación de suelo rural a urbano, por mayor aprovechamiento del suelo o por obra pública), la pueden guardar como recuerdo, porque no les toca pagar nada.
Un dato suministrado por Planeación Municipal señala que a septiembre del año pasado los recaudos por plusvalía ascendían a $800 millones.
El artículo tercero de la resolución ordena la devolución de los dineros recaudados por el municipio a los contribuyentes que hayan pagado dicha obligación.
La anulación emitida por Rojas Ayala se produce dos meses después de que una medida cautelar suspendió la plusvalía mediante la cual la Alcaldía buscaba obtener dineros para financiar obras del Plan de Desarrollo. El Juzgado Segundo Administrativo Oral tomó la medida cautelar en diciembre del año pasado, mientras falla la demanda interpuesta.
En el documento de la administración municipal aparece que ese despacho judicial les ordenó a la Alcaldía y al Concejo asegurar el cumplimiento de lo previsto por el Juzgado.
Y precisó que “la administración municipal después de evaluar las acciones judiciales en contra de los actos administrativos que determinó y liquidó el efecto plusvalía, la medida cautelar de urgencia decretada y las recomendaciones del equipo asesor municipal, encuentra que la actuación desplegada por este despacho pone en riesgo la actividad de la administración pública municipal toda vez que se puede vulnerar el derecho fundamental del debido proceso, pues la actuación administrativa que nos ocupa enfrenta el Acuerdo 040 de 2010 con la Ley 388 de 1997, colisión que en momento alguno es de recibo por jerarquización normativa”.
El alcalde Rojas Ayala argumentó la nulidad del proceso de la plusvalía en el hecho de “evitar un detrimento injustificado a los destinatarios del efecto plusvalía y a futuro las finanzas municipales con ocasión de los pronunciamientos municipales.
