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Piden suspender construcción del intercambiador vial por riesgo a viajeros aéreos

La obra de Atalaya, ejecutada en 60%, genera alarma en la Procuraduría y Aeronáutica Civil.

El intercambiador vial de Atalaya deberá ser demolido por orden de la Aeronáutica Civil, por constituir un riesgo para la seguridad de los viajeros del aeropuerto Camilo Daza.

Sin embargo, anoche, el gobernador, William Villamizar, aclaró que suspenderá temporalmente las obras en los mástiles de 35 metros del intercambiador, pero no en el resto del proyecto.

La demolición la confirmó una resolución de la Aeronáutica  del 18 de diciembre de 2015, que califica el proyecto como obstáculo prohibido que excede la altura permitida para la operación aérea.

Según documentos oficiales, la advertencia sobre el riesgo no es nueva.

Desde el 21 de octubre de 2015 se les advirtió a los ingenieros del consorcio Ciudadela Atalaya, encargado de la obra, de la injerencia del proyecto con las operaciones aéreas, por encontrarse el proyecto en la “aproximación de la superficie limitadora de obstáculos”.

Luego, el 3 de noviembre de 2015, la Aeronáutica volvió a informar al consorcio de sus inquietudes sobre el avance de la construcción sin el concepto técnico de evaluación de obstáculos por altura.

No obstante, el consorcio obtuvo el permiso de intervención del espacio público, otorgado por la oficina de Planeación de Cúcuta, “omitiendo el cumplimiento de la normatividad aeronáutica”.

En vista de estos antecedentes, la Procuraduría regional pidió al gobernador, “estudiar la posibilidad de suspender de forma inmediata las obras” del intercambiador, con el fin de garantizar la seguridad
de los usuarios del aeropuerto.

Pero, la resolución 3510 de la Aeronáutica ordena demoler el puente.

La solicitud de la Procuraduría se hizo el lunes 8 de febrero, como acción preventiva respecto de la cual se espera una decisión a fondo de Villamizar.

Según el procurador regional, Juan Carlos Bautista, en adelante la entidad se ocupará de verificar si se cumplió con el principio de planeación, obligatorio en la contratación pública.
Vale decir que si la demolición no se hace, será la Aeronáutica la encargada de ejecutarla, sin que por ello sea responsable de daños o indemnizaciones.

La respuesta

El gobernador encargado, Yebrail Haddad, dijo, sin embargo, que la petición de la Procuraduría no es perentoria y que la resolución de la Aeronáutica no está en firme.

Por ello, el consorcio presentó un recurso de reposición en el que alega que es “imposible dar cumplimiento a la orden impartida” de remover o demoler la obra, dado que su actividad “se ejecuta acorde con los estudios previos, planos y diseños de la obra”.

Agrega que el contratista no tiene facultades para disponer en forma unilateral de la modificación de dichos estudios y menos, “realizar demoliciones no autorizadas por parte del contratante”, que es la Gobernación de Norte de Santander.

Igualmente, dice que el consorcio solo podrá realizar las actividades solicitadas “cuando la Gobernación, luego de conocidas las razones técnicas, pueda refutarlas o proceder de conformidad”.

El recurso del consorcio incluye un estudio aeronáutico según el cual no se afecta ni obstruye la operación de las aeronaves.

Sin embargo, este documento solo se entregó el 12 de enero de este año.

Un proyecto con muchos padrinos

El 8 de noviembre de 2013 se conoció el proyecto del intercambiador vial, para mejorar la movilidad entre la autopista Atalaya y la avenida Las Américas.

El megaproyecto, que costaba 30 mil millones de pesos (25 mil de Invías y 5 mil de la Gobernación), fue presentado a líderes comunales y asociaciones de las comunas 7 y 8.

Al pomposo y selecto acto, que no contó con más de 200 invitados, asistieron el gobernador Édgar Díaz, el actual gobernador William Villamizar y el actual presidente de Corponor Gregorio Angarita; el hoy
ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, Manuel Guillermo Mora, Carlos Barriga e Iván Clavijo, el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez y los ministros de Haciendo y Educación, Mauricio Cárdenas Santamaría y María Fernando Campo.

En el acto protocolario se planteó bautizar el puente con el nombre de Jorge Cristo Sahium, en memoria del padre del ministro del Interior.

La licitación del proyecto se colgó en la página de contratación pública el 25 de noviembre del 2014, por un valor de $34 mil 982 millones.

El contrato se adjudicó el 27 de enero del 2015 al consorcio Ciudadela Atalaya, cuyo representante legal es Jairo Moreno Merlano; lo integran Cosan S.A.S., Guillermo González Zuleta y Cía. Ltad., Enertel S. A. e Invergranco S.A.S.

Las obras se iniciaron el 14 de mayo del 2015, cuando el vicepresidente Germán Vargas Lleras puso la primera piedra, y debían entregarse en 14 meses.

Durante los primeros meses, el proyecto causó descontento entre los comerciantes  vecinos, que alegaban no estar de acuerdo con la obra, porque significaba su muerte comercial.

Finalmente, la obra siguió en marcha y esta semana, cuando se acercaba al 65% de avances, y a menos de cinco meses de entregarla, la Aeronáutica Civil se pronunció.

*La Opinión

Miércoles, 10 de Febrero de 2016
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