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Fenómenos como la ‘Parapolítica’ o la ‘Farcpolítica’, la herencia de los carteles del narcotráfico

Bogotá (Colprensa) | 28 de julio de 2012

Dilian Francisca Toro fue capturada luego de que fuera requerida por el delito de lavado de activos. Esta mujer, es una de las dirigentes más sobresalientes del país por su carrera. (Foto Colprensa-Archivo)
Dilian Francisca Toro fue capturada luego de que fuera requerida por el delito de lavado de activos. Esta mujer, es una de las dirigentes más sobresalientes del país por su carrera. (Foto Colprensa-Archivo)
Colombia ha sido marcada por escándalos políticos, como fue el llamado ‘Proceso  8.000’, pero quizá los fenómenos denominados ‘Parapolítica’, ‘Farcpolítica’ y el vínculo de algunos de sus dirigentes con narcotraficantes, han sido los más cuestionados y graves, puesto que tienden a mantenerse en el tiempo.

La llamada ley de Justicia y Paz, y la existencia de la figura de postulados - que no son más que los exintegrantes de grupos paramilitares – ha servido para que éstos con sus versiones salpiquen a más de un político, sin dejar de lado a quines han sido señalados de tener vínculos con el narcotráfico y guerrillas.

El caso reciente, que revive una historia que pareciera de nunca acabar, es el de la expresidenta del Senado Dilian Francisca Toro, capturada el martes anterior, luego de que fuera requerida por el delito de lavado de activos. Esta mujer, una de las dirigentes más sobresalientes del país, hace que nuevamente los ojos de los colombianos estén sobre el Valle del Cauca.

Esta región del país ha sobresalido por ser ‘productora’ de estacados líderes que han hecho carrera en el ámbito nacional, en los últimos tiempos ha visto cómo ese buen nombre ha ido desapareciendo por causa de los escándalos.

Para engrosar la lista al lado de Toro, quien apenas es investigada, está el exsenador Juan Carlos Martínez, quizás el más polémico de todos, y quien ya pagó una condena por ‘Parapolítica’, hoy está en prisión por presuntos vínculos con narcotraficantes. El excongresista será procesado por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

También se encuentra en la lista quien fuera representante a la Cámara, Luis Carlos Restrepo Orozco, capturado en abril del 2010 por presuntos nexos con miembros del cartel del Norte del Valle y con Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.

Otro de los involucrados con los grupos ilegales es Sigifredo López, el caso más conocido, pero a la vez el más controvertido. Este genera amores y desamores entre los colombianos. El exdiputado de la asamblea del Valle dice que nada tiene que ver en el secuestro de sus compañeros y que nunca se alió con las Farc para tal hecho. A pesar de esto y de lo que ha pasado en el proceso, la Fiscalía lo mantiene con detención domiciliaria y le imputó cuatro delitos: perfidia, toma de rehenes, rebelión y homicidio agravado.
 

No solo afecta a los ‘grandes’ políticos


Berenice Celeyta, de la asociación Nomades, institución que trabaja el tema de derechos humanos en del sur-occidente colombiano, cuenta que los vínculos con los grupos armados se dan en todos los niveles de la política.

“Es un tema muy denso en cuanto a la intervención que han tenido muchos de los representantes de las comunidades del Valle del Cauca. Tenemos investigaciones por compromisos de dirigentes con grupos paramilitares desde alcaldes, concejales hasta Gobernadores y representantes a la Cámara y Senadores; como es el caso de Dilian Francisca Toro. Hay muchos procesos judiciales que son muy complejo si de hablar de ellos se trata, por tener reserva del sumario, pero podríamos decir que en su gran mayoría refiere a financiación de grupos al margen de la ley a algunos políticos del Valle”, indicó.

Al respecto Celeyta recuerda el caso de municipios como el de Alcalá, donde su alcaldesa fue detenida junto con su equipo de Gobierno, por haber participado en la decisión de crímenes contra políticos opositores.

“Tenemos en el centro del Valle caso lamentables que sucedieron en la década de los 90 después de una incursión muy fuerte del paramilitarismo, que dejó una estela terrible de crímenes. Todos estos casos de alguna manera han tenido que ver con el posicionamiento de quienes se hacen elegir a partir de la intimidación, de la corrupción y de la compra de votos (…) Son temas que comprueban que un gran porcentaje de políticos del Valle del Cauca están vinculados con paramilitares y el narcotráfico”, indicó.
 

Por qué se dan los vínculos


Según una investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris todo parte de la necesidad de expansión que tuvieron los grupos armados, como fue el caso de los paramilitares. Esta organización buscó tener control militar en territorios estratégicos, sentían la necesidad de mantenerse vigentes en los cargos democráticos nacionales, por lo que la mejor opción fue tener sus manos metidas en las elecciones y por eso escogieron a destacados políticos para hacerlo, mientras estos encuentran el apoyo -a veces económico- para acceder al poder.

Para el expresidente de la Corte Constitucional y hoy analista Político, José Gregorio Hernández, el narcotráfico es el causante de que la política haya terminado vinculada con los grupos armados.

“El mayor daño que se le ha podido causar al país y a regiones como las del Valle del Cauca viene del narcotráfico y esa unión con delincuentes y personas vinculadas con la política. Es muy preocupante que el narcotráfico haya logrado permear a la sociedad colombiana (…) La guerrilla tiene vínculos con el narcotráfico, los paramilitares por supuesto, las bandas criminales igualmente y los delincuentes comunes en general están dirigidos por los narcotraficantes”, señaló Hernández.

Para este analista, el hecho también se da por las ansias de poder de los políticos, lo que es aprovechado por los delincuentes para conseguir aliados estratégicos.

“Ha hecho carrera el concepto equivocado de que el fin justifica los medios. Las personas que quieren obtener poder y dinero no prestan atención a lo que tenga que hacer para conseguir su objetivo. En el campo del poder cuando se trata de alguien que aspira a conseguir un cargo de elección popular, teniendo en cuenta que las campañas políticas son tan costosas, consideran que lo más fácil es recibir ese dinero sin mayor dificultad. Luego como contraprestación deben ayudar a los delincuentes”, asegura.

El catedrático y también analista político Enrique Serrano, señala que lo que han vivido departamentos como el Valle del Cauca obedecen a la herencia de los carteles de la mafia, en este caso al de Cali, que para él no desapareció sino que se subdividió.

“Allí existieron grandes carteles y organizaciones criminales que tenían su poder concentrado en la política regional, porque la elección de Alcaldes y Gobernadores han favorecido el que se creen mafias locales o departamentales”, señaló Serrano y agrega que en el país no se juzga de manera igual a quines tiene vínculos con los paramilitares y a quines los tienen con la guerrilla.

“El problema es que hay una zona ideológica donde los nexos están prohibidos y condenados por la sociedad, que es lo que se llama la ‘parapolítica’. Solamente se adscribe a políticos de centro o de derecha y los nexos que tuvieron en personas al margen de la ley.

En cambio cuando se pasa al bando de la izquierda viene una permisividad y una extraña convivencia, que es naturaleza propia de la izquierda. Entonces el público se lleva la impresión que uno de los lados está comprometido y pues no es injusto, sino que desvía el propósito de combatir a quienes están por fuera de la ley”, aseguró.

Ya es una costumbre


En uno de los artículos de Óscar Sevillano para la página web de la Corporación Nuevo Arco Iris señala que “se ha vuelto muy común entre los colombianos ver que la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía General de la Nación abran investigaciones o emitan ordenes de captura contra determinadas personas, por supuestos vínculos con grupos ilegales.

Según Sevillano la “detención de Dilian Francisca Toro demuestra una vez más que la ‘Parapolítica’ sigue viva y que es quizá el proceso judicial más largo que ha tenido el país (…) es claro que las alertas que se han dado en las dos últimas elecciones por parte de la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Corporación Nuevo Arco Iris no han servido para que los electores castiguen a los candidatos vinculados con redes criminales”.
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