Los nortesantandereanos y colombianos tenemos la esperanza de que florezcan la verdad y, sobre todo, el urgente compromiso de la no repetición de episodios y pasajes violentos en la historia reciente del Catatumbo, en casos como el de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que ha sido abordado por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Lo expuesto por la JEP en la imputación a 10 militares y un civil le permite a la ciudadanía tener otro punto de vista sobre este hecho en el que hicieron aparecer a jóvenes como guerrilleros o paramilitares muertos en combate y de que la cifra en realidad sí es de 6.402 víctimas.
En ese sentido, debemos recordar que el departamento la percepción entre la población es que los falsos positivos se limitan a aquellos dolorosos episodios relacionados con la trampa mortal que les tendieron a los 19 muchachos de Soacha (Cundinamarca) que con engaños de trabajo fueron traídos a sectores de la provincia de Ocaña, donde los soldados del Batallón Santander, en su gran mayoría, los asesinaron, los vistieron con prendas militares y les pusieron armas.
Pero la JEP acaba de refrescarnos la memoria con las imputaciones en el Catatumbo dentro del caso 03 ‘asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’, señalando que de acuerdo con sus investigaciones en esa región se registraron las ejecuciones de 120 personas y la desaparición forzada de otras 24, entre 2007 y 2008.
Por más doloroso que resulte para algunos y mientras otros insistan en esa jurisdicción les hace el juego a los enemigos de la democracia y que más bien debería extinguirse, lo cierto es que sacar a flote la verdad -que en todo conflicto armado es la primera víctima-es la mejor manera de ayudar a la necesaria reconciliación, a reconocer esos horrores, a reparar a la víctimas y a consolidar los compromisos con la paz.
Lo anterior encaja con lo expresado por el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Luis José Rueda Aparicio, quien resaltó el papel que está jugando el sistema de la justicia transicional para que “nosotros vayamos reconociendo lo que nos ha pasado en el país en las últimas décadas”.
Entonces va a resultar fundamental todo lo que digan un brigadier general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos y un cabo, y a un tercero civil, por los falsos positivos en la zona catatumbera.
No puede entenderse esto como ‘una emboscada’ contra las Fuerzas Militares o una acción de desprestigio de una institución tan importante para el país como lo es el Ejército. Por el contrario, es la oportunidad para que se avance en los procedimientos para cerrarles las puertas a graves situaciones como las que se han confirmado.
En ese sentido, nunca más en el país deben ocurrir situaciones como las descritas por la JEP que en su primera imputación advirtió: “estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos (...) y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate”.
Recordemos que alrededor de este episodio, algunos sin resolver, los altos mandos militares siempre han negado que fuera una acción sistemática; el expresidente y exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pidió perdón ante la Comisión de la Verdad, y el expresidente Álvaro Uribe dijo que si en realidad los falsos positivos hubiesen sido parte de su política, el país no había mejorado como mejoró y que jamás su gobierno hubiese adoptado esa doctrina del conteo de personas sin vida.
