La desesperanza está muy arraigada por estos días en Cúcuta como lo pudo comprobar el propio organismo estadístico estatal al hacer una medición del llamado Pulso Social entre marzo y mayo del presente año. 

Aquí lo cierto es que sin necesidad de acudir a expertos ni analistas avezados, con simplemente abrir la ventana y ver pasar a los cucuteños por el frente, confirmamos que situaciones como la pobreza, la inseguridad, el desempleo, la corrupción y otros problemas socioeconómicos conllevan a que el panorama no resulte tan halagüeño como todos quisiéramos.

El dramático cuadro, que ya estaba así de difícil desde antes de la pandemia, sufrió un agravamiento extremo con la llegada de la crisis sanitaria generada por el coronavirus y un empeoramiento con los recientes efectos del paro nacional y sus bloqueos en las vías que tuvieron semiparalizada buena parte de las actividades económicas que tratan de reactivarse.

Luego las lamentaciones y comentarios quejumbrosos que se les escuchan a los habitantes de la capital nortesantandereana no es que sean tan aislados o concentrados en determinado grupo poblacional. La situación diaria de miles de familias en el área metropolitana es realmente difícil, como se prueba con el hecho de que el 9% de quienes residen aquí, reportaron no tener ingresos, como lo señalara el DANE.

Las alcaldías de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, Puerto Santander y San Cayetano deberían de utilizar dicha información estadística para convertirla en planes urgentes con los cuales enfrentar la extrema pobreza de quienes ni siquiera saben de dónde sacarán mañana para la comida, porque en últimas estaríamos ante un caldo de cultivo para  alimentar la delincuencia y la criminalidad.

Pero además es muy diciente lo detectado en la encuesta de Pulso Social y es  que la mitad de la población en Cúcuta, es decir, 355.800 personas consideran que la situación actual que viven es peor o mucho peor que la que enfrentaron hace un año cuando estalló la pandemia que llevó a frenar miles de actividades ante los riesgos de contagio.

Todos esos son datos para que la institucionalidad local los analice y use para definir los planes de acción que permitan contener el hambre  y evitar el deterioro del tejido social en nuestra ciudad, donde lamentablemente cinco de cada diez personas son pobres y dos de cada diez se encuentran en el foso de la extrema pobreza.

Es urgente la estructuración de una política integral de la mano con las autoridades nacionales, el sector privado, la academia, la iglesia y el respaldo internacional para contener esos niveles de los que hablamos arriba, porque a ellos van atadas dificultades para la educación, un grave deterioro en la salud, es probable la aparición de focos graves de desnutrición, que en el futuro generarán severos inconvenientes en todos los órdenes.

Por eso es indudable que la institucionalidad oficial le ponga ‘oído al tambor’ que ya retumbó en unas estadísticas del DANE, pero que en los barrios pobres suena mucho más fuerte sin que a nuestros políticos, llámese congresistas, concejales y diputados les interese, más allá de pensar en  esa población como parte de su cauda electoral manipulable con un mercado, una teja, pacas de cemento, ladrillos, un billete y pare de contar.

La población vulnerable del área metropolitana de Cúcuta merece atención  -no asistencialista- pero sí contundentemente fortalecida desde la perspectiva de inversión y de apertura de oportunidades laborales, de emprendimiento y de educación tan necesarios para cerrar esas brechas que han llevado a situaciones como el estallido social.

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