Definitivamente, Colombia parece condenada por algún sino a ser escenario de actividades non sanctas.
Guerras internas y externas, violencia generalizada de origen partidista, desplazamiento permanente y gigantesco de personas, atentados, guerrilla, paramilitares, drogas a granel, contrabando, desaparecimientos, corrupción pública y privada, inseguridad… han sido prácticas normales, aunque no simultáneas —por fortuna— durante la corta historia colombiana.
Ahora, llega otro mal. Uno que ha sido repudiado con ardentía por el mundo en las últimas décadas: la trata de personas, una lacra que crece desde hace varios años, sin que el Estado haga todo lo que debe hacer para erradicarla.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en Colombia se registran todas las fases de la trata de personas: es zona de origen, tránsito y destino de la trata, sin que haya una política destinada exclusivamente a combatir el fenómeno.
Es más, para algunos observadores internacionales, Colombia no tiene una política clara en materia de tratamiento a los extranjeros. Basta ver la largueza con que se trata a los venezolanos: se les encuentra en todo el país, porque a ellos nadie les exige requisitos de nada, con lo cual se estimula el hecho de ser un país destino.
Solo que, por su situación de indocumentación y pobreza, a muchos de ellos se les está obligando a cometer ilícitos: hay mujeres forzadas a prostituirse en las ciudades turísticas, y hombres obligados a cargar drogas a través de las fronteras de las fronteras con Venezuela y Panamá. Además, hay niños indios ecuatorianos destinados a la fuerza a la mendicidad en Cali y Medellín.
Como origen de la trata, la ONU ha detectado situaciones aberrantes como la de las colombianas que son esclavas sexuales en China y Chile (otros informes hablan de hechos similares en Japón y algunos países árabes), y de colombianos esclavos en trabajos forzosos en Argentina.
Y, por su posición geoestratégica, las mafias internacionales de tratantes de personas aprovechan a Colombia y la usan como uno de los países de tránsito de migrantes. Por sus fronteras entran y salen cifras cada vez mayores de personas sin documentos legales que buscan llegar a Estados Unidos.
Este tráfico es una actividad ilegal que a los responsables les deja utilidades anuales por más de 30 mil millones de dólares y, según Bo Mathiasen, delegado de Unodc en Colombia, “la trata está cada vez más concentrada en la misma región, en el mismo continente”.
Y la prueba es que en Colombia han sido arrestadas y deportadas personas de países tan lejanos como Sri Lanka, Pakistán, Singapur, Guinea, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Yemen… y de todos los países latinoamericanos. Todos buscan salir de Colombia hacia Panamá.
Por esta razón, Turbo y otras poblaciones de Urabá se han convertido en el polo de atracción de extranjeros sin documentos en tránsito hacia el norte.
El caso de los venezolanos, si bien es un tanto diferente, no deja de preocupar, en especial porque, se sabe, hay empresarios pequeños y medianos que abusan de ellos, por razón de su permanencia ilegal, para contratarlos para trabajar y pagarles menos de lo que ordenan las normas legales.
La alarma de Unodc no es tan irrelevante, como parece: son Naciones Unidas exigiendo atención para el fenómeno de la trata de personas, algo de lo que acá, en Colombia, no se preocupa nadie.
