El hombre es su palabra se dice todavía en el campo profundo, donde la palabra todavía vale oro puro.
Quizás, animados por ese valor cultural de lo que significa el compromiso de una persona, en asuntos como la reconstrucción de Gramalote, una promesa está resultando demasiado cara: 1.2 billones de pesos, para ser precisos.
Lo dice la Contraloría General de la Nación, organismo de control del que se suponen muchas cosas, incluidas la ponderación y la sindéresis.
Incluida como uno de los principales cinco megaproyectos para evitar los desastres del invierno, la reconstrucción de Gramalote es un compromiso de esos ineludibles para un gobernante.
El presidente Juan Manuel Santos empeñó su palabra y el presupuesto de la Nación en la construcción de un Gramalote para mil años, para reemplazar el que no resistió más y se dejó llevar por el invierno colina abajo.
Y, por lo que se puede apreciar de lo fiscalizado, el Fondo Adaptación está dedicado a mantener la palabra presidencial en pie, sin importar que los costos se vayan a las nubes, por razón de retrasos, cambios de planes y hasta caprichos.
La búsqueda del sitio idóneo, que dio lugar a debates que todavía hoy no se superan, contribuyó a que todo el plan empezara tarde. Mientras tanto, las 1550 familias recibían mercados mensuales y subsidios para vivienda. Y esto, en términos concretos, representa miles de millones de pesos en seis años…
Sin contar, desde luego, otros gastos, destinados a brindarles un apoyo a los damnificados que no se ha registrado en otras situaciones tan o incluso más dramáticas que la de Gramalote.
Luego hubo cambios de planes en materia de diseños, y más demoras en tanto los gramaloteros se ponían de acuerdo en lo que se debería construir.
Y cuando ya comenzó la obra, los caprichos empezaron a aflorar. No fueron del agrado de los gramaloteros los materiales escogidos: fue necesario contratar los de mejor calidad, para satisfacerlos. Tampoco estuvieron de acuerdo en otros aspectos de las casas, que hubo necesidad de modificar.
Y todo, a cuenta del Estado. Es decir, de los contribuyentes.
Por eso, Gramalote no estará terminado este año, como lo previeron todos los vinculados al proyecto. Tardará todavía un buen tiempo. Solo ha avanzado 28 por ciento, dice un análisis de la Contraloría, lo que permitiría pensar que al comenzar el nuevo año, las familias estarán todavía viviendo en casa ajena.
Que las otras megaobras —el canal del Dique, el jarillón del río Cauca en Cali o La Mojana— estén demoradas y generando sobrecostos, importa a todos los colombianos. Pero en el caso de Norte de Santander, nada es más urgente ni más importante que Gramalote.
Sin embargo, inquieta saber que su principal autoridad ha preferido eludir su responsabilidad de gestionar celeridad en las obras, y estimular en cambio un desarrollo urbanístico ilegal y paralelo, en Pomarroso, el lote descartado por el Estado, propiedad de una familia de políticos.
Ojalá esto no sea motivo de más atrasos ni de más gastos, para que no haya en Bogotá alguien que, al ver los gastos, diga como en Madrid Carlos II de Cartagena: “Esto es indignante: por este precio, Gramalote se debería ver desde aquí”
