Norte de Santander aparece dentro del primer informe de 43 páginas emitido por la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, relacionado con la situación de los Derechos Humanos en Colombia. Sin embargo, vale decir que Washington avala la implementación de la paz que tantos ataques recibe internamente.
Como nos podremos imaginar, al departamento se le menciona en el citado documento elaborado por el Departamento de Estado, no para cosas buenas, ni mucho menos, sino como referente de dos graves hechos en los que estarían involucrados agentes del Estado.
Se trata de los asesinatos del campesino Salvador Jaimes Durán y de Digno Emérito Buendía, dentro de 15 casos de muertes intencionales de civiles cometidas por agentes estatales que fueron referenciados por el Cinep y que se incluyeron en el reporte estadounidense.
Una de las cuestiones que el Departamento de Estado espera del gobierno del presidente Duque es que avancen con más celeridad las investigaciones y los procesos que se les siguen contra los miembros de las Fuerza Pública.
Y mientras le dejó esa importante tarea de dilucidar a la luz de la Justicia estos hechos que implican violaciones a los Derechos Humanos de la población civil, es importante que Estados Unidos haya resaltado el accionar de los jueces y magistrados en el asunto de los mal llamados ‘falsos positivos’, en los que Norte de Santander también quedó signado en ese sangriento episodio.
En ese asunto la Fiscalía ha reportado que se encuentran abiertas 2.286 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales en el país de personas que se quisieron hacer pasar como guerrilleros o paramilitares muertos en combate, aparte de que los tribunales ya han condenado a 1.740 miembros de las Fuerzas Militares, en 270 casos de esa naturaleza.
Y un asunto que resalta en ese informe del gobierno Biden, tiene que ver con el apoyo a la labor que en el país adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en cambio aquí es objeto de ácidas críticas, severos cuestionamientos y hasta de advertencias de desmontarla o reducirla a la mínima expresión.
Por ejemplo recordó y convalidó que la JEP es la entidad que tiene la competencia para resolver y sancionar los crímenes cometidos en relación con el conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016 tal y como lo estableció el Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la desmovilizada guerrilla de las Farc.
Tener ese apoyo por parte de la poderosa nación norteamericana, es algo que resulta de la mayor importancia para que la justicia transicional pueda seguir adelante con su tarea, que a la larga tendrá que ayudar a aclimatar y a sentar las bases de una paz duradera, con la labor que también llevan a cabo la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.
Como prueba de que el nuevo inquilino de la Casa Blanca le va a apostar a la consolidación del proceso de paz en Colombia, el mismo jefe de la diplomacia de esa nación, Antony Blinken se lo expuso telefónicamente al presidente Iván Duque.
“Nuestra alianza sigue para apoyar la paz y la prosperidad en Colombia mediante una cooperación en temas de seguridad, desarrollo rural, lucha contra las drogas y Derechos Humanos”, escribió Blinken en su cuenta de Twitter.
Basado en esos pilares, resulta imperativo que se materialicen esas acciones para ayudar a impulsar zonas rurales, lo cual es esencial para nosotros en territorios como el Catatumbo y los corregimientos cucuteños.
