No es el caso de Yuliana Andrea Samboní. Son los de otras 21 niñas violadas cada día en el seno de esta sociedad tan desquiciada moralmente que, de verdad, causa profunda repugnancia.
Solo que el de esta niña caucana es un episodio que resume todos los males de Colombia en un asesinato abyecto. Y entre esos males está la guerra, a cuyo fin todavía hay ciudadanos que se oponen.
Yuliana llegó a Bogotá con su familia, desplazada de su pueblo por la guerra, a ocupar un lugar en un barrio de invasión. Que fuera vecina del sector donde viven las familias más aristocráticas, ricas y poderosas del país era una simple coincidencia inexplicable.
De allí, de esas calles cuidadas y exclusivas, salió de caza su secuestrador, su torturador, su violador, su asesino. Es un hombre vil, que hoy pretende esconder su responsabilidad en una supuesta sobredosis de drogas.
En realidad, este episodio aberrante en el que un miembro de la aristocracia y de la élite social hace lo que hizo con una niñita de la clase social más marginada, la india, es síntesis de las enormes y aberrantes contradicciones de una Nación cuya moral murió con los primeros disparos de la guerra, al menos para una parte importante de la sociedad.
Son dos extremos sociales en el que la víctima, como la parte más débil, podría quedar, como ha sucedido, como menos importante que el victimario. Pudo ocurrir así hace casi cuatro años en Cúcuta con Eileen Yaritza Ortega Gélvez, de 5 años y asesinada por un inquilino de su familia que hoy está preso por 60 años.
La presión de los medios de comunicación impidió que el hombre eludiera la Justicia.
Con episodios despreciables como estos, la colombiana queda retratada no como una sociedad inmoral, sino una amoral, sin valores, sin controles, sin frenos, ejemplo de todo lo que no debe ser una sociedad, aunque sea duro admitirlo.
En el caso está en juego la poca, casi ninguna confianza de la sociedad en la acción de la Justicia, arrinconada por la impunidad generada en las influencias y los juegos de poder. Decenas de organizaciones sociales buscan impedir que el arquitecto de 38 años Rafael Uribe Noguera eluda su responsabilidad con trucos como el de la sobredosis de drogas.
Un asomo, así sea leve, de favorecerlo podría llevar a que los ciudadanos se harten más de lo que demuestran estar y logren que la Justicia por mano propia se haga plaga social, como ya parece serlo en algunas ciudades.
Juzgar, no por los hechos, sino por la altura de la cuna de la víctima inocente y la del victimario podría, en cierto modo, sería aún más aberrante que el mismo crimen, y ni el momento ni otras circunstancias están como para impedir que la Justicia aplique sus peores castigos. Aun así, serían pocos, comparados con el hecho.
En este caso, de acuerdo con lo que se conoce, no hay una sola circunstancia atenuante de la responsabilidad del homicida. Al contrario, hay muchos agravantes, incluidos los de algún allegado al sospechoso que alteró el escenario donde estaba el cadáver de la niña, con el fin de entorpecer el trabajo de los expertos judiciales.
