Periodistas, camarógrafos, fotógrafos y personal técnico que trabaja para diferentes medios de comunicación locales, nacionales, e incluso internacionales, han visto entorpecido el desempeño de sus actividades de reportería, debido a las fuertes restricciones impuestas por los entes militares en la zonas afectadas por el Decreto de Excepción decretado en 6 municipios fronterizos de Venezuela.

Es cierto –hay que decirlo-, los primeros días de la aplicación de la medida excepcional, los organismos oficiales, e incluso los militares, destinaron vehículos especiales para el traslado de los medios de comunicación a la zona, y las declaraciones de los personeros gubernamentales se producían una detrás de la otra, sin apenas tiempo para hacerles seguimiento informativo.

Sin embargo, en la medida en que fueron pasando los días, y las declaraciones oficiales comenzaron a dar paso en los medios de comunicación, a los testimonios de la situación social y económica generada en la zona, la paciencia gubernamental para con el trabajo de la prensa, comenzó a agotarse rápidamente.

No faltaron “colegas” de fuentes gubernamentales que comenzaran a señalar a las autoridades, a los periodistas que publicaban informaciones “incómodas” y rápidamente a los corresponsales de los medios internacionales (principalmente) y canales privados de cobertura nacional en Venezuela, comenzó a tildárseles con calificativos como “escuálidos”, “imperialistas” y en el peor de los casos “antirevolucionarios”.

Así las cosas, las restricciones no se hicieron esperar. El pasado lunes, la reportera del canal Globovisión fue “retirada” de la zona en donde se estaban practicando desalojos de familias colombianas y demolición de viviendas, mientras se dio la orden de borrar el material de grabación de sus cámaras, lo cual finalmente no se concretó.

El martes, dos periodistas y un fotógrafo de la Agencia Reuters fueron detenidos por algunas horas y posteriormente liberados. Su delito fue realizar entrevistas y registros fotográficos de los colombianos que estaban siendo desalojados y deportados.

Al transcurrir la semana, la severidad de las autoridades militares se acentuó al punto de no permitir entrevistas periodísticas en las calles y/o comercios de San Antonio; varios equipos reporteriles, incluido el de La Opinión, han sido retirados de forma brusca de los alrededores de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, donde se realiza el registro de los deportados.

El acceso a las zonas intervenidas ha sido cerrado totalmente, los vehículos de prensa son parados y revisados de forma reiterada mientras circulan por las calles de San Antonio del Táchira; los equipos de prensa son “retirados” de los comercios donde las personas se aglomeran con la esperanza de comprar artículos de primera necesidad.

El pasado jueves, el gobernador del Táchira señaló que medios colombianos habrían “ingresado ilegalmente a territorio venezolano por el río Táchira”, para hacer imágenes de las zonas intervenidas.

Incluso, a la fecha, cinco ciudadanos han sido detenidos y enviados al Centro Penitenciario de Occidente, por grabar en sus celulares, las condiciones en que quedaron las viviendas demolidas en el sector La Invasión.

Registro de todas estas denuncias, está siendo tomado por la periodista Lorena Arraiz, representante del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) en el estado Táchira, y elevados a las instancias correspondientes.