Casi en total desajuste están las cifras del gobierno venezolano versus las cuentas colombianas, particularmente en casos de reunificación familiar, atención en salud y educación.
Mientras el gobierno del vecino país asevera que hay cero casos de división de los hogares por las deportaciones, y el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma comenta que el Estado venezolano habría fracasado de comprobarse el fraccionamiento de familias, la Cancillería ha reunido 55 menores con sus progenitores.
Víctor Bautista, asesor del Plan Fronteras para la Prosperidad, asegura que desde que se inició esta emergencia la Cancillería trató de entender por qué cuando se hacían las estadísticas de las familias en las carpas, sospechando que eran numerosas, no se encontraran 5 o 6 personas, sino que el promedio daba 2,7 personas por carpa.
“Este indicador se encuentra en ciudades intermedias de Colombia”, afirma. “Luego descubrimos madres con hasta nueve hijos que no los sacaron por el rumor de que el Estado venezolano se los podía quitar”.
Según revela, a otros se les ha complicado el contacto porque dejaron a los suyos al cuidado de vecinos y otros familiares, cuya confianza en el gobierno se resquebrajó al ser sacados de sus casas con la excusa de participar de censos o revisar documentos, para terminar deportados.
Por tales razones, esta semana se establecieron tres mesas para aclarar este y otros temas cruciales como son el corredor humanitario -que incluye el paso de estudiantes y enfermos-, y la recuperación de enseres.
Salud y educación
El gobernador Vielma insiste en que 4.500 niños colombianos cursan su año escolar en su país, pero esta semana solo se subieron 13 a la ruta; y ante su declaración de que “en Colombia no hay garantía social”, aun así, Cúcuta ha recibido 431 pacientes de allá, desde el cierre.
De acuerdo con la Cancillería, 716 niños colombo-venezolanos se establecieron en el país desde el inicio del estado de excepción y ya están vinculados a la educación básica y media. De ellos, 505 están en Villa del Rosario y 211 en Cúcuta.
Si bien esta semana se abrió un nuevo corredor humanitario que permite el paso de los buses colombianos hacia San Antonio del Táchira para recoger a los niños en la Plaza Confraternidad, de los 1.070 estudiantes que estudian en Villa del Rosario, 260 siguen sin asistir a clases.
Sin embargo, el incremento de estudiantes es evidente porque “el corredor genera más tranquilidad a los padres”, deduce la secretaria de Educación departamental, Luddy Páez.
El martes se recogieron 139 niños en la mañana y 74 en la tarde, y a la fecha van 274 trasladados en ambas jornadas hacia los colegios General Santander, Manuel Antonio Rueda Jara, María Inmaculada, San Antonio, Juan Frio, Luis Gabriel Castro, Presbítero Álvaro Suárez y La Frontera.
Vale decir que no solo los menores se educan en el área metropolitana de Cúcuta, ya que actualmente el Sena tiene 40 ciudadanos venezolanos en proceso de formación para el trabajo, que llegaron con sus parejas y familias.
En materia de salud, refiere Bautista, no solo se garantiza la protección de los venezolanos, sino que se avaló que estos compren los medicamentos en Cúcuta y retornen con ellos sin inconveniente, dada la escasez de medicinas en Venezuela.
“No podemos afectar la salud de nadie, provenga de donde provenga”, dice el asesor de la Cancillería, a pesar de que todavía no se sabe cuánto cuesta la atención de dichos pacientes, generalmente crónicos.
El último reporte del Instituto Departamental de Salud, sin crisis, calculaba 18 mil millones de pesos que les costarían los enfermos venezolanos a la región durante el 2015.
Solo el discurso
Para el gobernador de Norte de Santander, Édgar Díaz, la emergencia que desató tantos traumatismos podría resolverse mañana con la reunión entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, pero enfatizó en que la prioridad no es solo la apertura de los puentes.
“Lo importante es el respeto a las familias, a las mujeres y los niños”, dice el mandatario. “Me parece que se está manejando un discurso para dar a entender que no ha pasado nada, cuando hemos evidenciado y mostrado la realidad, de todas las personas que hoy son vulnerables y cuyo esfuerzo por lograr un nuevo horizonte quedó en nada”.
Una prueba de reunificación
Neidy Caro es una de las madres que duró 26 días sin ver a su hija de nueve años. Fue deportada el 22 de agosto y solo hasta este viernes 18 de septiembre volvió a abrazar a su pequeña, en el puente internacional Simón Bolívar.
La emoción era más que evidente tras el larguísimo tiempo durante el cual solo supo de su hija por llamadas y este fue el último día en el que tres timbrazos le avisaron que Jenny* llegó a salvo.
Con una bolsita de agua y las manos temblorosas, describió su salida de San Antonio del Táchira.
“Un grupo de hombres de negro, que no supe de dónde eran revisaron la casa. Al otro día, llegaron los de la Guardia y como no teníamos mercancía ni nada que ocultar no impedimos que pasaran a mirar”, dijo.
Le pidieron que acompañara a los uniformados, diciendo que solo se trataba de una verificación de antecedentes. “Yo iba hasta en ‘cholas’ y pregunté si era larga la revisión, para cambiarme los zapatos, pero dijeron que no”.
Luego, le pidieron junto a otras personas que pusieran firma y huella en unos papeles, ante lo cual ella dudó de que se tratara de un procedimiento de rutina.
“Ahí nos dio todo el día, hasta las ocho de la noche y de un momento a otro, terminamos deportados”, relata.
Con ayuda de la Cancillería y el Icbf tramitó la reunificación; pidió a su expareja que le permitiera trasladar a su hija, y bajo el abrasador sol del puente finalmente lo logró.
“Ella me decía que quería que yo me devolviera, y le explicaba que no se podía, pero estoy segura de que vamos a salir adelante”, dice sonriente mientras firma el acta en la que se verifica que Jenny está en buenas condiciones. “Además, volver, con ese gobierno y uno deportado… No hay nada qué hacer. Voy a seguir con los cursos de belleza. Y además, ¡ya tengo con quién practicar los peinados!”
