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‘El estado debe tomarse muy en serio lo que está pasando en Norte de Santander’

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez lanzó un SOS por los habitantes de esta zona.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, estuvo el viernes en Cúcuta para participar de una audiencia con líderes sociales y sin pensarlo, se encontró nuevamente con el drama de una frontera completamente cerrada por parte de Venezuela, que vuelve a profundizar la crisis humanitaria en la ciudad y su área metropolitana.

Desde los pasos internacionales que comunican a Colombia con el vecino país, el jefe del Ministerio Público lanzó un SOS por los habitantes de esta zona, a quienes considera que se les están vulnerando sus derechos y en ese sentido dijo que acudirá al Comité Internacional de la Cruz Roja para pedir su mediación en el establecimiento de un corredor humanitario.

La Opinión aprovechó la visita del funcionario y conversó con él sobre el difícil panorama que afronta la región, los problemas para la implementación de la paz en el Catatumbo y las elecciones de octubre.

Usted planteó la necesidad de establecer un corredor humanitario en la frontera y acudir al CICR para ello. ¿Qué tan fácil es que esto sea posible en unas condiciones diplomáticas como la de hoy?

El asunto hay que separarlo de lo que es un problema político y del cerco diplomático como lo ha llamado el presidente Duque. Todos podemos estar de acuerdo con que en Venezuela se están vulnerando los derechos humanos y que allí se ha configurado una dictadura, pero el problema segundo y que de alguna manera guarda una relación, pero que necesita una solución específica, es el ámbito de los derechos de las personas que van a ser vulnerados de aquí en adelante. 

El procurador del Táchira, Julio César Hernández, dijo que el cierre de los pasos fronterizos “violenta pactos y tratados internacionales suscritos por muchos años entre Colombia y Venezuela”, ¿comparte su posición?

Estoy de acuerdo, porque aquí el problema o el test fundamental de una medida que afecta la dignidad humana, es violentar los derechos y eso no tiene ninguna justificación. Hay que encontrar a alguien para que humanice esta situación.

Si Venezuela no accede a un corredor humanitario, ¿qué otro camino quedaría? 

Creo que lo único es buscar una solución de carácter internacional y aquí la comunidad internacional tiene que apersonarse, porque hay vulneración de derechos de la ciudadanía.

El rompimiento de relaciones generó otra situación y es que los colombianos que permanecen en Venezuela quedaron casi que desamparados, ante la salida de los funcionarios diplomáticos…

Sí. Hay dos millones y medio de colombianos que están allá y sobre los cuales desconocemos por completo qué les está sucediendo. La pregunta es, ¿qué está pasando con los derechos de los colombianos allí? ¿Con los presos? ¿Qué está pasando con los colectivos más vulnerables?, cuando no hay quién, desde el punto de vista de la protección diplomática y consular, esté cumpliendo con esa labor. Este asunto es muy grave y sé que la Cancillería ha planteado la instalación de unos ‘Consulados espejo’, y creo que esa es una alternativa, pero no es la solución de fondo.

El alcalde de Cúcuta, César Rojas, propuso que se contemple la posibilidad de entregar aquí parte de las ayudas que iban para Venezuela, teniendo en cuenta el alto número de migrantes en esta zona de frontera, ¿cree que eso sea posible?
 

Como se sabe, las ayudas fueron entregadas con un propósito específico y yo no quiero manifestarme sobre eso, pero lo que sí es claro es que aquí se requiere un plan de emergencia para afrontar esa avalancha que va a tener consecuencias humanitarias.

¿Ve lejos la posibilidad de que se abran los puentes internacionales?

Lamentablemente no se ve una solución en el corto plazo y se requiere un mayor involucramiento del Gobierno Nacional en la solución de la problemática social y económica que apenas se está comenzando a vislumbrar en este momento en esta zona.

¿Cuál sería su principal petición, hoy, al presidente Duque, después de lo que observó en la frontera?

Estoy convencido de que el Gobierno Nacional, no solo en el marco del Plan de Desarrollo, va a tener que tomar en cuenta esto y ajustar determinadas normas en el Congreso. Espero que la bancada de Norte de Santander asuma esa responsabilidad y estoy listo a secundarlos. Pero, más que eso, aquí también hay que hacer un diagnóstico de fondo de cuál es el futuro de esta región frente a tantas amenazas económicas y sociales que están influyendo sobre la estabilidad de la región.

¿Qué piensa usted de la zozobra que ha despertado la posibilidad de una salida militar a la crisis de Venezuela?  

He sido absolutamente enfático en que cualquier vía militar está completamente descartada. Es más, diría que es un acto de irresponsabilidad seguir promoviendo ese tipo de ideas, que nunca han dejado ni buenos recuerdos, ni buenos legados.

Líderes sociales y Catatumbo

La situación en el Catatumbo es cada vez más crítica en materia de seguridad y mucho más ahora que se levantó la mesa de diálogo con el Eln. ¿Cuál es el plan para esta zona respecto a los líderes sociales y las comunidades? 

Convocamos conjuntamente con la Comisión de la Verdad, la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas una audiencia con los líderes sociales, precisamente para ver la situación tanto de seguridad, como de los territorios en términos de cumplimiento de los acuerdos de paz y debo decir que el balance aquí es realmente dramático y complejo. Es muy paradójico, porque simultáneamente todos anunciaban su compromiso con la paz, pero a renglón seguido manifestaban que el incumplimiento ha sido sistemático, irresponsable. Toda la institucionalidad de la paz creada en los acuerdos no ha funcionado.

¿A  qué se debe este panorama. Falta voluntad política o gestión? 

Es una mezcla de todo. Por ejemplo, en el caso de las víctimas, creo que el promedio en el país, es de un 14%. Ahora, en relación con los compromisos del acuerdo de paz creo que en esta zona no se llega ni a un 10%. Eso es una gran paradoja y de paso se puede catalogar como una gran irresponsabilidad. Yo sí creo que el Estado debe tomarse muy en serio lo que está pasando aquí.

¿Cuáles son los principales riesgos que han conllevado esos incumplimientos?

Riesgos que tienen que ver desde la desinstitucionalización a la falta de protección por parte del Estado. Las respuestas han sido insuficientes. 

¿Y qué sugieren que se haga al respecto?

Nos pidieron (en la audiencia) y yo me comprometí a hacer una mesa por la vida para convocar a todas las instancias del Estado y mirar cómo se refuerza la seguridad y se garantiza la protección a los líderes sociales. La vamos a convocar en Ocaña, el 10 de mayo y vamos a invitar al presidente Iván Duque. Se diseñó también una hoja de ruta para comprometer a los organismos de control, a la Comisión de la Verdad, Defensoría, Procuraduría, en un proceso de seguimiento tanto de los compromisos de los acuerdos de paz, como de los compromisos derivados de una directiva que expidió la Procuraduría, en donde tiene que haber resultados desde el punto de vista de las investigaciones, acciones preventivas para proteger a los líderes sociales, la reestructuración de la Unidad Nacional de Protección y, por supuesto, tiene que haber un cambio de 180 grados en la concepción de la protección. 

Usted ha dicho también que hay poca visión del Catatumbo en el Plan de Desarrollo, ¿a qué se refiere?

Es un reclamo generalizado por todas las regiones y en el caso del Catatumbo es todavía más crítico, por todos los factores de desestabilización que han caracterizado esta región y a los que se suma, adicionalmente, la avalancha de migrantes y los problemas que va a generar el cierre de frontera. Creo que hay que levantar la voz y yo me comprometí en el Congreso a alzar la voz cuando se discuta la situación de este departamento.

En Cúcuta, a tan solo unos pasos de la frontera, se está presentando un caso grave con una banda delincuencial señalada de estar detrás de los más recientes casos de secuestro, extorsión, asesinato y desaparición. ¿Conocen la situación, la tienen bajo su radar?

Esa fue una denuncia que se formuló en la audiencia con los líderes sociales. No había oído de eso, pero me lo tomo muy en serio por ser de una gravedad extrema y por supuesto le vamos a dar traslado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía.

¿Hay avances en los procesos por corrupción que la Procuraduría lleva en Norte de Santander?

Sí, hay muchos avances, particularmente en el caso del PAE.

Elecciones de octubre

¿Qué medidas se van a tomar desde la Procuraduría para impedir que los migrantes puedan ser usados con fines políticos?

Vamos a crear una comisión de control electoral y dentro de dos semanas vamos a lanzar junto con el Ministerio del Interior, el Consejo de Estado, la Registraduría y la Fiscalía, un plan de acción en donde tendremos que mirar específicamente las condiciones de este departamento, en función del fraude electoral que se pueda llegar a cometer, abusando de las nuevas circunstancias de migración que se ha venido dando. 

Una vez más, el nombre del condenado exalcalde Ramiro Suárez Corzo ha vuelto a aparecer en esta contienda electoral. Se habla de los intereses que tiene de incidir nuevamente en la escogencia del próximo alcalde de Cúcuta. ¿Qué harán desde la Procuraduría para evitar que vía Skype comande la campaña?

Vamos a ver. Estaremos examinando esto detenidamente. Creo que una persona que está privada de la libertad y condenada, no tiene por qué interferir en la política local. Vamos a disponer de todas las herramientas para impedir, si eso se va a presentar, que suceda.

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Sábado, 2 de Marzo de 2019
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