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Llegada de inmigrantes a Cúcuta dos años después del cierre de frontera

Muchos de los venezolanos que llegan acuden a las ventas informales y a oficios en los semáforos.

Martha Arteaga, de 38 años, sube a  su bicicleta la canasta con los diez termos de tinto y café con leche que lleva todos los días, desde las 5 de la mañana, a la Central de Transporte Estación Cúcuta.

El producido de esa venta le deja una ganancia de 40 mil pesos libres para sostener a sus tres hijos de 4, 5 y 7 años de edad, con los cuales fue deportada el 21 de agosto de 2017 de Venezuela.

Vivía con su esposo venezolano, Jerónimo Duarte, en San Antonio, donde se desempeñaba como armadora de tabaco en una de las tres fábricas que funcionan en ese territorio limítrofe.

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Ella hizo parte de la masiva deportación de colombianos que desataron las autoridades venezolanas tras el cierre de la frontera hace dos años.

El día de su deportación, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) intentó retenerle a sus tres hijos venezolanos, bajo el argumento de que pertenecían a Venezuela.

“Primero muerta que dejarme quitar mis chinitos”, relata la mujer, cuyo esposo sí quedó del otro lado de la frontera cuando fue expulsada a Colombia.

Tras agotarse la ayuda humanitaria en los albergues que se dispusieron por el Gobierno Nacional en Cúcuta y Villa del Rosario, Arteaga logró coronar un de los 1. 500 empleos ofrecidos por el presidente Juan Manuel Santos a quienes fueron deportados del país vecino. “Fueron tres meses podando zonas verdes en distintos sitios de Cúcuta, tras lo cual logré hacerme al plante para comprar los termos y una bicicleta de segunda, ya que mi pensado cuando quedara desempleada era ponerme a vender tinto y pasteles”.

Los que no fueron a sus ciudades de origen en Colombia se las ingeniaron para ganar el sustento en Cúcuta y municipios del Área Metropolitana, aunque no todos corrieron con la misma suerte de Arteaga, “ya que para todos no hubo empleo”, dice la mujer.

La fractura de la familia fue el más duro impacto que sufrieron los que fueron expulsados por orden de Maduro. 

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“Buscar colegio para los niños, una casa en arriendo y lo más importante, tener trabajo para ganar el sustento, fue algo terrible sin la presencia de mi esposo”, explica la mujer. “Me tocó bandearme sola, al igual que lo hicieron centenares de familias que quedaron separadas tras el cierre de la frontera”.

En su caso, pudo reunirse de nuevo con su esposo casi seis meses después, “aunque nuestros problemas continúan, porque no tenemos estabilidad laboral”.

En los dos años que completó cerrada la frontera, la situación para estas familias de colombianos y venezolanos ha transcurrido en medio de la peor crisis social que se recuerde, dice el Sacerdote scalabriniano Francesco Bortignon, director del Centro Migraciones de la Diócesis de Cúcuta y uno de los que más ha estudiado el fenómeno migratorio en esta frontera.

La migración —explica— ha venido gota a gota, nunca será en masa. Estamos hablando de tres clases de personas, el venezolano puro, las familias mixtas (venezolano y colombiano) y el colombiano que vivía desde hace años allá y que decidió o le tocó volver. 

Esas son las personas que dos años después siguen llegando a territorio nacional procedentes de Venezuela, señala Bortignon.

En su gran mayoría, son familias jóvenes,  con niños y con rasgos de hambre, que la han venido pasando mal, pero son familias que vienen con ganas de trabajar, de conseguir un mejor futuro acá.( este es el prototipo de las familias netamente venezolanas  o mixtas), sostiene el sacerdote.

Para el sociólogo pamplonés Alejandro Díaz, el venezolano que llega a Colombia es una persona más víctima de su necesidad, por la cual antes  tuvo que salir de su país.

Bortignon aclara que alimentación, salud y seguridad son los factores que se han visto alterados tras la aguda crisis social que desató el cierre de la frontera.

Por eso —advierte el religioso—,  el migrante no es el mal del que haya que cuidarse, es simplemente un ciudadano que está bajo una presión extrema en la que vive.

Precisamente, por no tener recursos, se refugia en las comunidades más pobres de la ciudad. En este caso, en el territorio que manejan los encalabrinanos se albergan en las comunaspopulares 6-7 y 8. 

 Actualmente, hay más de 400 familias, pero es una cantidad que va aumentado día a día. Son 350 netamente de venezolanos; otras 200 son familias mixtas.

Bortignon revela que también preocupa el desbordado incremento de casos de venezolanos, funcionarios públicos que piden asilo en el país, “por diferentes motivos —es mejor no dar detalles, por seguridad, dice—, se han tenido casos de guardias, alcaldes y hasta secretarias. Sin embargo, estas son personas que no se quedan en la ciudad sino de manera transitoria”.

Por lo general, al llegar estas familias a Cúcuta y a estas zonas pobres se arriman donde algún familiar o algún conocido, arriendan por hasta 50 mil pesos al mes una habitación y ahí viven, como es el caso de Arteaga con sus tres hijos y su esposo.

Para las autoridades de Cúcuta, el fenómeno migratorio derivó en otros problemas graves para la ciudad: la informalidad y la inseguridad. En esto último, según la Policía, de cada diez hurtos, tres son cometidos por venezolanos.

Al no encontrar empleo en empresas o almacenes, debido a que no posee el permiso ni la visa de trabajo, precisamente por razón de la crisis social en la que está sumergido, el venezolano se va a las calles a vender caramelos y galletas, a limpiar parabrisas de carros o simplemente a hacer malabares, señala Mauricio Franco, secretario de Seguridad y convivencia ciudadana de Cúcuta.

“El trabajo es un trauma, estamos llenos de vendedores ambulantes, que es lo que en su mayoría llegan a hacer estas personas”, agrega Mortignon.

El sacerdote asegura que son muy pocos los casos de otros extranjeros que han llegado a Cúcuta. En su mayoría son solo colombianos y venezolanos los que llegan.

Asegura que el proceso de adaptación tanto para ellos como para nosotros es difícil, pues aunque se estaba preparando para esto desde que se cerró la frontera, Colombia nunca antes había experimentado un caso como este. “Colombia es un país de emigrar no de inmigrantes”, puntualiza Mortignon.

Este es país de emigrar

La falta de experiencia en materia de llegada de extranjeros ha generado problemas que no han sido aún enfrentados, porque “este es un país de emigrar, no de inmigrantes”, según un sacerdote experto.

Qué plantean las autoridades

Frente al tema del empleo irregular que se está dando a venezolanos que ingresan a Cúcuta y que son enganchados en supermercados, talleres de mecánica, restaurantes, hoteles, cafeterías y hasta en clínicas de la ciudad, la alcaldía, Migración Colombia y la Policía tienen en marcha planes para verificar el cumplimiento de la ley migratoria.

No obstante, las autoridades plantean que al Gobierno Nacional le ha faltado implementar una política para hacer frente a este problema que empezó a preocupar a las autoridades y a los mismos cucuteños.

El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Luna, plantea que el presidente Juan Manuel Santos está en mora de atender de manera integral la situación migratoria en la frontera, con una estrategia de empleo  de atención e integración económica y laboral de los colombianos y venezolanos que están llegando del vecino país.

Por su parte, la directora ejecutiva de Fenalco Norte de Santander, Gladys Navarro, sostuvo que Cúcuta ha pagado un precio muy alto por ser ciudad fronteriza y por eso se requieren instrumentos  técnicos y legales para recuperarnos.

Navarro advierte que las autoridades deben vigilar la contratación de extranjeros en Cúcuta.

Para el alcalde César Rojas es necesario impulsar con el apoyo de las fuerzas vivas de la región y del Gobierno nacional un modelo económico que le permita a Cúcuta y municipios del área metropolitana salir adelante sin depender de la frontera.

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Viernes, 18 de Agosto de 2017
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