El asesinato de José Antonio Santiago Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Socuavo Norte (Tibú), ocurrido la noche del sábado 4 de febrero, puso en evidencia, una vez más, los riesgos que corren los líderes comunales en Norte de Santander.

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Aunque varios miembros de juntas comunales denuncian las amenazas en su contra, son pocas las garantías que tienen para continuar con su labor comunitaria, dejando en claro que están desamparados.

Los miembros de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), de inteligencia de la Policía de Norte de Santander y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía aún no tienen claro quiénes son los responsables del hecho de sangre.

Preliminarmente se descartó que el crimen lo hayan ejecutado integrantes de una banda delincuencial de Tibú. Y eso, según las autoridades, se basa en que el Eln y la disidencia del Frente 33 de las Farc tienen una fuerte presencia en ese municipio del Catatumbo.

Además, las autoridades están revisando las denuncias por amenazas que Santiago Pérez puso desde hace años y hasta 2022, para identificar a los responsables.

“Es difícil saber en corto tiempo si el Eln, la disidencia, o algún grupo de ‘narcos’ están detrás de este asesinato. Allá en Tibú se mueven extorsiones, secuestros, desplazamientos, la compra de insumos para el narcotráfico, es complejo determinar quiénes cometieron el hecho”, indicó una fuente judicial.

Sin embargo, el director de la Fiscalía de Norte de Santander, Jesús Ardila, sostuvo que hay un grupo especial de investigadores, al igual que un fiscal, destinados para verificar lo sucedido con el líder comunal y poder identificar plenamente quién lo mató y el por qué se dio el crimen.

¿Cómo se dio el crimen?

José Antonio fue asesinado de dos tiros en la cabeza, hacia las 8:00 de la noche, cuando se movilizaba en una motocicleta por una carretera de la vereda La Serena, luego de salir de una reunión con varios habitantes de Socuavo Norte.

Unos hombres armados lo interceptaron y obligaron a bajarse del automotor, luego le dispararon y emprendieron la huida.

“Dicen que José Antonio iba con otra persona, no se sabe si un hijo o un amigo. Los violentos le dijeron al acompañante que se fuera, pero que el líder comunal se quedara. Luego asesinaron al señor (…)”, indicó un habitante de ese municipio.

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Los empleados de una funeraria se encargaron de trasladar el cuerpo hasta la estación de Policía de Tibú, donde arribaron los presidentes de algunas juntas comunales para verificar la identidad del fallecido. Luego el cadáver fue trasladado hacia Medicina Legal en Cúcuta.

El lunes en la tarde varios familiares y amigos de la víctima le dieron el último adiós con globos blancos, amarillos y verdes, alusivos a la bandera de las juntas de acción comunal de Colombia.

El panorama de amenazas en Norte

Aunque a la Confederación Nacional de Acción Comunal llegan constantemente las denuncias de sus miembros en el departamento, la situación de seguridad para los ‘comunales’ no mejora.

El Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta son las zonas donde más amenazas contra líderes comunales se presentan. En cifras, esa entidad ha conocido 45 denuncias hechas por dirigentes de El Zulia, Villa del Rosario, Los Patios y Cúcuta y su zona rural en los últimos doce meses.

“En Cúcuta la situación se condensa en las comunas 6, 7, 8, 9 y 10, además de los corregimientos de la zona rural, es difícil mantener una cifra exacta porque algunas personas temen denunciar”, aseguró Marta Maldonado Villamizar, secretaria de derechos humanos de la Confederación Nacional Comunal.

En el Catatumbo es más compleja la situación para los comunales. “No tenemos un dato exacto del número de amenazas, pues allá por el conflicto armado los presidentes de juntas y hasta defensores de Derechos Humanos están en ‘jaque’”, añadió Maldonado.

También se conoció que 11  líderes comunales de Norte de Santander y miembros de organizaciones de Derechos Humanos que cuentan con esquemas de seguridad de la UNP no tienen un vehículo blindado, por lo que son transportados por otros dirigentes o sus familiares, poniendo en riesgo no solo la vida de los protegidos sino de los conductores.

Félix Rojas, presidente de la Federación Comunal de Norte de Santander, explicó que varios líderes comunales de Norte de Santander han sido amenazados, pero no se atreven a denunciar.

Rojas explicó que la ruta para los amenazados es exponer el caso ante la Personería y la UNP, esas entidades se encargaran de reportar ante la Defensoría del Pueblo lo sucedido para garantizarle la seguridad.

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