En agosto se cumplen 15 años de la conformación de la Asociación de Desplazados de la Provincia de Ocaña (Asodepo) y el presidente, José Alfreddy Galvis Torres, manifestó que esperan el cumplimiento de una acción de tutela donde se obliga a las administraciones municipal y departamental a apoyar un programa de vivienda de interés social.

La Alcaldía destinó 574 millones de pesos para la adquisición del predio y la Gobernación debe hacer los aportes para las soluciones habitacionales con el fin de beneficiar a 453 familias desplazadas.

El mecanismo popular fue instaurado el 9 de octubre de 2014 y un juez otorgó un año para elaborar un plan de vivienda, pero el gobernante de turno, Jesús Antonio Sánchez Clavijo, incumplió.

Ahora, a través de la Unidad de Víctimas se adelantan los trámites para la ejecución del programa social. Conjuntamente con los integrantes de Asodepo se busca un lote apto para estructurar el proyecto. La alcaldesa debe presentar ante el Concejo municipal la iniciativa para que se apruebe la adquisición de los predios y hacer realidad el sueño de las familias.

“Llevamos 15 años de lucha y esperamos que los concejales autoricen el lote”, manifestó Torres.