Ante el incremento de llamadas con fines extorsivos, el Gaula de la Policía inició en el sector comercial y residencial de Pamplona una campaña contra esta problemática.
La misma situación se presenta en los municipios de la región, especialmente en la zona rural, en donde los campesinos están atemorizados por las amenazas que reciben si no corresponden con las pretensiones económicas.
Los casos de las llamadas telefónicas fueron dados a conocer en los consejos comunales de seguridad adelantados por la Secretaría de Gobierno de Norte de Santander en Pamplona, Silos, Chitagá y Cácota por la Secretaría de Gobierno de Norte de Santander.
Acciones
Al frente de la jornada estuvo el teniente Carlos Andrés Morales, quien manifestó que hay que recalcarle a la ciudadanía lo importante que significa denunciar este tipo de delitos.
El oficial añadió que con la información que les proporcionen los afectados, procederán con las correspondientes asesorías e identificación de los responsables.
En las charlas, el oficial recordó a los comerciantes que cuando sean víctimas de este tipo de llamadas o solicitudes, inmediatamente deben informar el hecho a través de la línea telefónica institucional 165.
“La gente no debe quedarse callada si ha sido objeto de llamadas carcelarias”, sostuvo.
En Pamplona, Morales manifestó que se han hecho seis denuncias en la Fiscalía por el delito de extorsión.
Referente a las exigencias que hacen estos sujetos, indicó la suma va desde los 500.000 pesos hasta los 20 millones de pesos.
Adelantan estrategias
El Teniente informó que el próximo 12 de octubre a las 5:00 de la tarde se realizará una reunión en el auditorio de la Universidad Abierta y a Distancia (Unad), con los comerciantes, personal administrativo, líderes comunales y pensionados.
El propósito es ofrecerles otra charla preventiva sobre la extorsión y el secuestro.
El asesor de la Secretaría de Gobierno Departamental, Marcos José Enciso, indicó que estas acciones hacen parte de los compromisos del gobernador William Villamizar, con el fin de garantizar la seguridad a las comunidades urbanas y rurales de la región.
La Opinión