La celebración indebida de tres contratos y la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tienen a punto de ir a la cárcel a la alcaldesa de Ocaña, Miriam del Socorro Prado Carrascal, así como a sus secretarios de Gobierno, Juan Pablo Bacca Manzano, y de Tránsito, Albert Emiro Urquijo Sánchez.
Los tres funcionarios fueron capturados ayer en Ocaña, por solicitud de la Fiscalía Tercera para la Administración Pública, en medio de un operativo relámpago liderado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Según informó el ente acusador, uno de los contratos tenía como objetivo prestar apoyo técnico y tecnológico a la Secretaría de Movilidad y Tránsito para el manejo y control del sistema que facilita la gestión de comparendos y el registro de recaudo de dinero por concepto de las llamadas ‘fotomultas’.
El segundo fue suscrito para la prestación de servicios profesionales y apoyo técnico a la misma Secretaría de Tránsito y el tercero, que fue firmado por la Secretaría de Gobierno, tenía como objeto el suministro de insumos y apoyo logístico.
Aunque según lo que conoció La Opinión, los tres contratos no representaban una cuantía mayor, la persona con la que fueron suscritos, Edgar Enrique Ataya Sánchez, al parecer, no tiene la experiencia certificada para cumplir con el objeto de los mismos, además de que estos le representarían al contratista utilidades que oscilaban entre el 15 y el 25%, lo cual para el organismo investigador se configura como un cobro exagerado.
Otro de los hechos que complicó la situación tanto de la mandataria como de los secretarios de despacho es que el beneficiario de estos tres contratos fue uno de los financiadores de la campaña de Prado Carrascal, en 2015.
Según se registra en el aplicativo Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral, Edgar Enrique Ataya Sánchez le hizo un aporte al proyecto político de la hoy alcaldesa, de $20 millones.
El director seccional de Fiscalías de Norte de Santander, César Rojas, dijo que la investigación en contra de la alcaldesa y los miembros de su gabinete surgió a partir de una información que fue suministrada el año pasado a la entidad, y en la que se daba cuenta de unas aparentes irregularidades que se venían presentando en materia de contratación en la Alcaldía de Ocaña.
“Afortunadamente y gracias a la información contundente que nos dieron las personas que se atrevieron a denunciar esta clase de situaciones anómalas que se han venido presentando, fue que pudimos adelantar una investigación mucho más expedita y rápida”, aseguró Rojas.
Tras la captura, la mandataria y los secretarios de Gobierno y Tránsito fueron trasladados a Cúcuta en donde hoy serán presentados ante un juez, para legalizar la captura, hacer la respectiva imputación de cargos y decidir si se solicita la imposición de la medida de aseguramiento.
El director de Fiscalías dijo que esta es apenas una primera fase de la investigación, pues se están revisando más contratos y recopilando nueva información que permita determinar si más personas, de la administración o particulares, están involucradas en irregularidades con recursos del erario.
Mientras se define la situación de la dirigente, la administración municipal quedó bajo el encargo del secretario general, Rubén Darío Bayona Ribón.
Delito que da cárcel
El director seccional de Fiscalías explicó que la celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales y la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, son delitos que acarrean una pena privativa de la libertad y cuya sanción mínima parte de los cinco años de prisión.
“Estos delitos tienen una pena privativa de la libertad y a las personas que están administrando recursos públicos les tiene que quedar absolutamente claro eso. Estos son comportamientos que, en términos generales, conllevan un juicio de reproche por parte de la administración de justicia”, aseguró César Rojas.
La segunda alcaldesa en problemas
La alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, es la segunda mandataria de Norte de Santander elegida para el periodo 2016-2019 que es requerida por la justicia, por celebración indebida de contratos.
En junio de 2016, su homóloga de Sardinata, Yamile Rangel, fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por haber suscrito, durante su primera administración, un contrato para la construcción de unas unidades sanitarias en la zona rural del municipio, para lo cual dio en anticipo $180 millones, sin antes nombrar el interventor.
Rangel se encuentra desde el año pasado en prisión domiciliaria y a la espera del fallo de segunda instancia en el que se determinará si se confirma la condena o es absuelta por el Tribunal Superior.
También afronta una revocatoria
La alcaldesa de Ocaña, Miriam del Socorro Prado Carrascal no la ha tenido fácil desde que se posesionó como mandataria de los ocañeros.
Además de las dificultades que afrontó durante el año pasado con el Concejo de su municipio, que no le aprobó ni el Plan de Desarrollo ni el presupuesto para la vigencia 2017, Prado enfrenta hoy un proceso de revocatoria en su contra.
Los promotores del mecanismo de participación son un excandidato a la Asamblea, Dinael Rodríguez; un excandidato al Concejo por AICO, Jonny Alexander Álvarez Salazar, y Fabián Cáceres, representante de víctimas.
Reacciones
Emerson Rueda, concejal
“No hay claridad en el tema, solo nos dimos cuenta por unas redes sociales que la señora alcaldesa fue llamada a indagatoria por un tema de contratación. Quiero manifestar todo el respaldo y la solidaridad a los funcionarios que fueron llevados por el CTI a la ciudad de Cúcuta”.
Said Bayona Pérez, expresidente del Concejo
“Las cosas se han hecho correctamente. Esperamos que la justicia aclare esa situación. Cualquier cosa que se diga es una especulación. Tenemos que esperar toda la información para saber a ciencia cierta lo ocurrido. Estamos perplejos y se espera una pronta solución”.
Jesús Emiro Velásquez Carrascal, secretario de Hacienda de Ocaña
“Todos estamos sujetos a estar vigilantes de los órganos de control. En este caso la alcaldesa va a salir airosa de esta investigación. No es para alarmarse y no se debe especular al respecto. La administración sigue en términos normales. Esperamos que evolucione para bien de la ciudad”.
Luis Alfonso Díaz Barbosa exalcalde de Ocaña
“Tengo certeza y el convencimiento de que ella va a demostrar su inocencia. Elevamos oraciones al Todo poderoso para que Dios les dé sabiduría para demostrar cómo se hacen las cosas”.
