El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, presentó un proyecto de ley que busca castigar la financiación de campañas políticas.
El proyecto propone enfrentar la compra de votos en días de elecciones, de modo tal que haya cárcel “para quien porte dinero en efectivo en los montos fijados por la autoridad electoral, durante la jornada electoral y en los tres días anteriores a los comicios”.
Según explicó la Fiscalía, sería delito la violación de topes de aportes particulares y la asunción de gastos de campañas electorales que los superen.
Igualmente, la iniciativa de la Fiscalía propone penalizar igualmente la violación de los límites por aportes particulares, lo que se sumaría a un proyecto que está próximo a sanción presidencial que tipifica la violación de topes de gastos.
Este tipo de medidas busca poder castigar penalmente hechos como el de Odebrecht, en donde se habría dado financiación ilegal por parte de Odebrecht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga.
La Fiscalía plantea castigar, con hasta doce años de cárcel, a la persona que utilice su función o patrimonio público para apoyar campañas electorales, candidatos o partidos políticos, así como frenar que personas elegidas por voto popular “contraten o subcontraten con empresas o personas naturales que financiaron campañas políticas del respectivo nivel administrativo”.
Para evitar la corrupción
El fiscal Martínez señaló que la corrupción debe ser combatida como se hace con el crimen organizado o el narcotráfico, por lo que el proyecto presenta varias propuestas al respecto.
En primer lugar, se penalizan la omisión de denuncia cuando los particulares no adviertan de delitos de corrupción de los que tengan conocimiento.
Además, se sancionaría a las personas que sirvan de testaferros, es decir que presten su nombre para adquirir u ocultar bienes con dineros procedentes de la corrupción.
La iniciativa penaliza a los profesionales (Contadores, Revisores y jefes de Control Interno) que presten sus servicios para evitar la identificación o rastreo de propiedades o dinero que tengan origen ilícitos.
Igualmente, plantea que Contadores, Revisores y jefes de Control Interno que sospechen de un acto de corrupción deberán reportarlo a la UIAF, so pena de enfrentar penas de cárcel entre tres y seis años.
Igualmente, el proyecto de ley tipifica como concierto para delinquir agravado las actuaciones articuladas contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. En este punto, además de multas, se propone cárcel de 8 a 18 años.
El fiscal Martínez aumenta las sanciones que ya existen, de acuerdo a la gravedad de los hechos. Por ejemplo, propone un aumento de la pena de 50 % para el delito de cohecho cuando se superen los 100 salarios mínimos legales vigentes.
La explicación que entregó la Fiscalía es que, en la actualidad los multimillonarios cohechos de Odebrecht tienen la misma pena que un cohecho en una oficina de tránsito.
Lo mismo se propone para el elito de enriquecimiento ilícito de servidores o ex servidores públicos, en el que si la cuantía supera los 100 salarios mínimos legales, la pena se aumentará en la mitad.
Corrupción judicial
La propuesta del Fiscal Martínez crea el delito de manipulación del reparto judicial, para frenar hechos que suceden hoy en día como las irregularidades en el reparto de los procesos para favorecer a los implicados.
Igualmente, se plantea imponer prisión para los servidores públicos o partes de un proceso penal que violen la reserva judicial y filtren la información.
Reformas procesales
El proyecto igualmente establece una serie de herramientas investigativas a la Fiscalía General para evitar que los hechos de corrupción continúen.
En ese sentido, se plantea que la Fiscalía pueda solicitar como medida cautelar ante el juez de garantías la suspensión de los contratos y de los desembolsos de los pagos hechos a contratistas involucrados en actos de corrupción.
La iniciativa presentada impone el deber a las entidades públicas y a los particulares de aceptar el cargo de perito en los procesos penales y que se pueda proponer ante un juez la suspensión de un contrato cuando las evidencias indiquen que en su celebración, ejecución o liquidación se presentaron actos de corrupción
