La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz mediante la cual se juzgará a los guerrilleros de las Farc que se acogieron al proceso de paz, ha generado diversas reacciones, especialmente en la misma  Rama Judicial, en donde persisten las dudas frente al desarrollo de esta justicia transicional.

Para el magistrado Jorge Octavio Ramírez, nuevo presidente del Consejo de Estado, esta instancia no puede ser una rueda suelta, por lo que debería articularse al sistema de justicia del país.

“En el proyecto de acto legislativo, a pesar que se puede deducir que la JEP juzgará la responsabilidad personal de los combatientes, se debe ser explícito en dos asuntos: que lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado siga en la jurisdicción contenciosa administrativa y que hagan tránsito a cosa juzgada, y no puedan ser revisadas por la JEP, las sentencias sobre la responsabilidad patrimonial del Estado o la personal de agentes estatales, por las acciones de repetición”, consideró el magistrado.

Dijo que le han propuesto al Gobierno que se tengan en cuenta las sentencias del Consejo de Estado o que se pueda establecer un acuerdo de cooperación con esta corporación, para que lo que se haya decidido en esta instancia, en relación con la verdad, pueda ser utilizado por la JEP.

“Ahora, ante la eventualidad que las decisiones nuestras puedan ser revisadas por la JEP, este tipo de medidas podrían ser revocadas y eso, a nuestro juicio, atenta contra los principios que inspiran la Jurisdicción Especial de Paz y contra los compromisos internacionales del Estado, concretamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos que da pautas normativas y vinculantes”, sostuvo.

No obstante sus reparos, el presidente del Consejo de Estado se mostró optimista de que durante su trámite en el Congreso, las inquietudes y observaciones que han hecho sobre la justicia especial serán tenidas en cuenta a la hora de su aprobación.

“Estuvimos en una audiencia pública en la Comisión I del Senado. Creemos que nuestras observaciones fueron bien recibidas. Esperamos que en la medida de lo posible sean acogidas, por el bien del país y los derechos de las víctimas”, dijo.