Este 25 de julio vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos, al igual que los grupos significativos de ciudadanos, inscriban sus candidatos ante la Registraduría y de esta manera reciban luz verde para poner a rodar la campaña que concluirá en tres meses.

Sin embargo, a falta de pocos días para cumplir con dicho trámite, son muchas las colectividades que todavía no terminan de entregar sus apoyos a las personas que los representarán en las urnas el 25 de octubre y que, de ser elegidos, serán los abanderados de sus colectividades en gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas, durante los próximos cuatro años.

Las estrategias de último minuto han llevado, incluso, a que muchos de los que se postularon inicialmente por firmas, empiecen a recibir el apoyo de uno y otro movimiento, independientemente de la ideología, principios o corriente que represente dicha estructura política.

Ante esto, surge la inquietud de ¿qué tan rigurosos son los encargados de otorgar los avales a la hora de decidir quiénes se quedarán con ellos? Y si al momento de ofrecer un respaldo, ¿tienen en cuenta la responsabilidad que recae sobre sus hombros?

En general, los directores de las colectividades a nivel nacional y regional han insistido en que los procesos de selección de sus candidatos han sido objetivos, ajustados a la ley y cuidando que quienes sean acreditados tengan la mejor hoja de vida para representar los intereses de las comunidades que gobernarán.

No obstante, ante la polémica que se ha desatado en varios de los partidos más importantes y con trayectoria en el país, por cuenta de los respaldos entregados hasta el momento a dirigentes cuestionados y con antecedentes personales o familiares, la responsabilidad con que han actuado las colectividades en esta etapa del proceso electoral ha quedado en entredicho.

La Misión de Observación Electoral (MOE), por ejemplo, considera que ya ha hecho crisis la forma en que estas escogen a sus representantes, por cuanto son pocos los que optan por mecanismos democráticos o selectivos para definir a quienes tendrán los avales y la decisión termina dándose a dedo o por conveniencia.

“Hay organizaciones políticas que no conocen los antecedentes ni la hoja de vida de los candidatos. Por eso, lo que se necesita es avanzar en tener una lista de afiliados y esto lo que permitiría es que el partido conozca quiénes dentro de su organización pueden tener su representación política”, manifestó la directora de la veeduría electoral, Alejandra Barrios.

La Fundación Paz y Reconciliación puso recientemente el dedo en la llaga, al revelar un informe en el que da cuenta de 140 candidatos avalados por diferentes partidos y movimientos políticos que, al parecer, tienen vínculos con la ilegalidad o registran  investigaciones por actuaciones irregulares en el desempeño de funciones públicas.

Aun así, son contados los apoyos que se han retirado o se han puesto a consideración de las directivas de los partidos, desatando incluso,  varias crisis internas en las colectividades.

Laxitud

Para la directora de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar, el proceso democrático que se avecina ha vuelto a dejar sobre el tapete la laxitud con que la mayoría de los partidos entrega sus avales.

“Los partidos políticos no están obligados a entregarle el aval a un aspirante y negarlo no viola ninguna norma.  Los avales tienen el propósito de responsabilizar a las organizaciones partidistas de las actuaciones de quienes son elegidos en su nombre y se supone que los aspirantes representan su  proyecto político”, considera.

Ungar también cree que a la hora de decidir la entrega de un apoyo existen factores de mucho más peso que inciden en la decisión como el prestigio, la popularidad o el caudal electoral del candidato o la cantidad de recursos económicos que puede movilizar.

“Criterios que por sí mismos no son ni buenos ni malos. Sin embargo, los cuestionamientos surgen cuando estas condiciones se utilizan para ejercer presiones indebidas sobre los electores, para manipular a las autoridades electorales o para perpetuar en las regiones la influencia de clanes y familias políticas y en ocasiones la de grupos ilegales para asegurar la continuidad de prácticas políticas corruptas en las administraciones”, sostiene.

Ante esto, una de las consecuencias que conlleva la improvisación de los partidos al momento de elegir a sus candidatos, asegura Ungar, es el manejo deficiente que a futuro estas personas le dan a las administraciones  y que termina generando niveles altos de riesgo de corrupción, tal y como lo dejó en evidencia el más reciente informe sobre índices de transparencia.

“Un riesgo de corrupción es una oportunidad para que los corruptos actúen. La entrega indiscriminada de avales sin duda abre de par en par las puertas para que esto suceda”, dijo.

Las herramientas de los partidos

Ante la necesidad de que quienes sean elegidos para participar en los procesos democráticos sean personas sin tacha, ni investigaciones que más adelante puedan terminar por despojarlos de sus investiduras, el Ministerio del Interior puso a disposición de las colectividades una herramienta de consulta, por medio de la cual podrán conocer los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de aquellos que solicitan el aval.

Se trata de la ‘Ventanilla única’, desde donde se pueden conocer las investigaciones activas, sentencias condenatorias en Colombia y el exterior, certificaciones sobre órdenes de captura vigentes, entre otras, que cursan contra los ciudadanos.

Dicha información es recepcionada, tramitada y recopilada por el Ministerio del Interior y remitida a los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales.

A la fecha, según la dirección de la oficina de Democracia y Participación Ciudadana del Ministerio, un total de 267.000 solicitudes de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios han sido tramitados en este aplicativo. Otros 70.000 están en proceso de consulta.

Lo que advierte la ley

De acuerdo con la Ley 1475 de 2011 o Reforma Política (Artículo 10), se constituye en una falta sancionable la acción u omisión -imputable a los directivos de los partidos y movimientos políticos-, frente a hechos como:

- Inscribir candidatos a cargos o corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.  

Parágrafo: Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o corporaciones públicas de elección popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el periodo del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente.

Fechas claves

25 de julio:

vence el plazo para inscribir las candidaturas ante la Registraduría.

31 de julio:

Último plazo para modificar candidaturas por renuncia o no aceptación.

2 de agosto:

Publicación del listado de candidatos inscritos, en la web.

25 de septiembre:

vence el plazo para revocar inscripciones por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción.