Dos semanas después de que comenzara su discusión en el Congreso, la Reforma Política y Electoral que hace parte de la implementación del acuerdo de paz, sigue con un futuro más incierto que seguro.

Además de la resistencia que ha generado entre los mismos partidos varios apartes de la iniciativa, la Procuraduría y la Contraloría también mostraron serios reparos a algunos artículos, pues consideran que con ellos les restarían funciones y se impulsaría la corrupción.

A estas voces se sumó ahora la Misión de Observación Electoral (MOE), que hizo parte de la comisión de expertos que ayudó a redactar el proyecto inicial, el cual sufrió considerables modificaciones.

Para la veeduría, el debate sobre esta importante reforma que busca modernizar el sistema electoral y democrático colombiano, se ha ido dilatando de manera preocupante en el Congreso y  se han “desmembrado” temas estructurales como la modificación a la organización electoral.

“Pareciera haber un ambiente para minimizar el impacto que tienen asuntos estructurales de la Reforma como la modificación del Consejo Nacional Electoral y la financiación de la política”, consideró la MOE.

En ese sentido, cuestionan que si uno de los objetivos del proyecto era implementar cambios sustanciales como la forma de postulación y  elección de los miembros del CNE, para ponerle fin a las prácticas corruptas que no permiten la transparencia en los procesos investigativos, no se entiende cómo en la Cámara se le vuelve a dar facultades al Congreso para participar en su elección.

“Para la MOE es legítima la función electoral del Congreso de la República en casos como los órganos de control y magistrados de las altas cortes. Sin embargo, con la elección de consejeros electorales, esta función resulta ilógica, en la medida en que el objeto de estos consejeros es preservar la imparcialidad e independencia ante las disputas complejas de la política partidaria”, manifestó Alejandra Barrios, directora de la Misión.

Esta veeduría también cree que es inconveniente elevar el rango de los consejeros electorales de una autoridad administrativa, al rango de magistrados y, en consecuencia, dotarlos de fueros especiales.

“Esta medida es un incentivo dañino que permite el bajo control de las actuaciones de estos funcionarios y en consecuencia puede generar incentivos para la corrupción, tal como está ocurriendo hoy con el grave escándalo que envuelve a tres de los anteriores presidentes de la Corte Suprema de Justicia”, plantearon.

Al respecto, Barrios recordó que durante el debate de la Reforma al Equilibrio de Poderes, la MOE insistió en la necesidad de crear un tribunal de aforados que realmente actuara contra la impunidad que rodean a las altas dignidades del Estado, pero fueron las mismas cortes las que presionaron para que este no se aprobara dentro del articulado.