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Procuraduría pide a la Corte avalar la vocería de las Farc en el Congreso

El ente autónomo de control estima que no hay motivo para objetarla.

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que avale la ley, aprobada por fast track, que le permitió a las Farc tener tres voceros en la Cámara de Representantes y otros tres en el Senado de la República, para que participen en los debates que se adelanten en el Congreso sobre leyes de paz. Se trata de la vocería que hace el movimiento Voces de Paz.

Se trata de la Ley 1830 de 2017, que creó un artículo transitorio en el reglamento del Congreso que dice, además, que estos voceros o voceras serán convocados a todas las sesiones en que se discutan tales proyectos, que podrán intervenir pero que no tendrán voto.

La Procuraduría pidió el aval de la Ley al estimar que no hay motivo para objetarla, ya que esta vocería no entrega derechos políticos de participación política estrictamente hablando, puesto que los voceros no tienen voto sino solo la posibilidad de hacer interlocución en el Congreso. “Se trata de una medida legítima que ingresa en el campo de la libertad de configuración legislativa para normal el debate parlamentario”, dijo el Ministerio Público.

“La disposición no entrega derechos políticos a quienes los tienen suspendidos, ya que la norma es suficientemente diáfana en afirmar que la agrupación política que designe a los voceros, y los voceros mismos, deberán gozar de sus plenos derechos civiles en ejercicio”, dice el Concepto que agrega que tiene sentido que esa organización tenga vocería en momentos en que se debaten los proyectos que afectarán al movimiento político que nazca de su desmovilización.

“El Ministerio Público encuentra especialmente importante que se entregue a un órgano institucional que representa a las víctimas del conflicto, como es el Presidente de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas, él deberá ser citado y ser escuchado. Ello materializa no solo deberes de democracia, sino que a su vez concreta una medida de justicia transicional”, dice el documento.

El caso lo tiene la magistrada Gloria Ortiz, quien pidió a los Secretarios Generales del Senado y de la Cámara explicar cómo se llevó a cabo el trámite de esta ley, las fechas de discusión, el quórum deliberatorio y decisorio, el día en que se hizo el anuncio para la votación y la votación efectiva, así como el número y fecha de las actas y gacetas del Congreso en donde constan todas estas actuaciones. 

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Colprensa
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Martes, 2 de Mayo de 2017
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